16 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-El Condado de Los Ángeles ha declarado un estado de emergencia para responder a los impactos generados por los recientes operativos de inmigración del ICE. La medida fue aprobada el martes 14 de octubre por la Junta de Supervisores con cuatro votos a favor y uno en contra. Según la Junta, la ciudad alberga a más de tres millones de inmigrantes, por lo que esta declaración permite movilizar recursos y asistencia para los residentes afectados, incluyendo ayuda para el pago de renta, apoyo legal y acceso a servicios esenciales.
Las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn impulsaron la medida, mientras que Kathryn Barger fue la única voz en contra. La Junta señaló que las redadas han generado “temor generalizado”, afectando la asistencia al trabajo, impactando la economía local y presionando servicios clave como escuelas, hospitales y lugares de culto. Ante esta situación, las autoridades buscan actuar de manera rápida y coordinada para atender a las comunidades afectadas.
Entre las primeras acciones que contempla la declaración están el establecimiento de alivio de alquiler para inquilinos afectados, la asignación de recursos para defensa legal y la agilización de contrataciones de emergencia. La intención es garantizar que las comunidades inmigrantes cuenten con apoyo integral frente a los operativos de ICE que comenzaron a principios de junio y que han generado manifestaciones y algunos enfrentamientos con las autoridades.
Según la Junta, el impacto no se limita a los arrestos, sino que ha profundizado problemas económicos y sociales en distintos barrios. Horvath señaló que “lo que está ocurriendo en nuestras comunidades es una emergencia, y el condado de Los Ángeles la está tratando como tal”, asegurando que todo el gobierno local se alineará para proteger a los vecinos afectados.
El aumento de operativos responde a una orientación nacional de la administración federal, dirigida principalmente a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, un análisis de ABC News indica que el número de detenidos sin antecedentes ha aumentado de manera sostenida, generando preocupación entre las familias y trabajadores que ven amenazadas sus fuentes de ingreso.
Horvath explicó que la proclamación de emergencia permite avanzar más rápido, coordinarse mejor y utilizar todos los recursos disponibles para estabilizar las comunidades afectadas. La medida incluye acompañamiento directo a quienes han perdido empleo o tienen problemas para pagar renta, así como la posibilidad de solicitar recursos estatales y federales para enfrentar las consecuencias sociales y económicas.
La declaración permanecerá activa hasta que la Junta de Supervisores decida finalizarla. Se espera que esta acción fortalezca la respuesta institucional ante la intensificación de los operativos y garantice que las organizaciones locales y comunidades reciban el apoyo necesario de manera inmediata y efectiva.
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