La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconoció la aprobación de la nueva Ley contra la extorsión en el Congreso de la Unión, un marco jurídico que busca frenar uno de los delitos que más afectan a empresas, familias y al desarrollo económico del país. La organización empresarial enfatizó que esta legislación es un paso esencial para unificar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y proteger especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), uno de los sectores más vulnerables ante este delito.
Según COPARMEX, la nueva norma llega como respuesta a una demanda social y empresarial que por años pidió castigos más severos y una actuación más coordinada de las instituciones públicas. Aunque celebran la aprobación, insisten en que el verdadero impacto dependerá de que las Fiscalías, Policías y Secretarías de Seguridad cuenten con recursos, infraestructura y personal capacitado para aplicarla. Para la iniciativa privada, el combate a la extorsión debe ser una prioridad nacional debido al grave daño que genera en la economía local y en el tejido productivo.
La organización recordó que, aun sin considerar la cifra negra del 97% de casos no denunciados, cada día más de 31 personas reportan haber sido víctimas, mientras que durante 2024 las pérdidas económicas superaron los 21 mil millones de pesos. De acuerdo con los datos de #DataCOPARMEX, el 12.8% de sus empresas socias ha sufrido alguna modalidad de extorsión, principalmente por llamadas telefónicas. Esta realidad, señalan, genera miedo, limita la inversión y provoca cierres de negocios, afectando directamente la creación de empleo.
REFORZAR LAS INSTITUCIONES Y HOMOLOGAR LAS LEYES, PRIORIDADES INMEDIATAS
Para COPARMEX, no basta con aumentar las penalidades –que ahora van de 15 a 20 años y hasta 30 en casos agravados–, sino garantizar que las entidades federativas armonicen sus leyes con la nueva norma. También destacan la importancia de capacitar a jueces, fiscales y policías, así como asegurar presupuesto suficiente para que los nuevos mecanismos realmente funcionen. Señalan que uno de los avances más relevantes es el endurecimiento de sanciones contra servidores públicos que participen en el delito, quienes ahora enfrentarán castigos hasta un tercio mayores e inhabilitación.
Otro punto que aplauden es la protección reforzada para víctimas, incluyendo resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnológicas. Además, se contempla una perspectiva de género en la atención y la obligación de instalar inhibidores de señal en todos los centros penitenciarios del país en un plazo máximo de 180 días hábiles. COPARMEX recuerda que una parte importante de las extorsiones se origina desde las cárceles, por lo que esta medida es clave para frenar la operación de grupos criminales.
LAS MIPYMES, EL SECTOR MÁS DAÑADO POR LA EXTORSIÓN
El organismo subraya que las MiPyMEs, motor económico y social de México, son quienes más padecen este delito. Las amenazas, cobros ilícitos y presiones constantes limitan su crecimiento, reducen su capacidad de invertir y en muchos casos las obligan a cerrar. La homologación del marco jurídico, afirman, dará mayor certeza y permitirá condiciones más seguras para trabajar y crecer. COPARMEX reiteró su disposición a colaborar con autoridades y legisladores para asegurar una reglamentación clara que proteja los derechos humanos y evite abusos o interpretaciones discrecionales.
VALOR AGREGADO (Información complementaria de alto aporte)
Expertos en seguridad consultados por el sector empresarial advierten que la nueva Ley contra la extorsión deberá acompañarse de una estrategia nacional de inteligencia financiera, pues gran parte de las redes criminales se sostienen mediante operaciones económicas difíciles de rastrear. Sugieren fortalecer unidades de análisis patrimonial y promover denuncias digitales seguras para reducir la cifra negra. Además, organizaciones civiles han solicitado que se implemente un sistema de monitoreo público que evalúe trimestralmente los avances de la ley, con indicadores de denuncia, judicialización y sentencias, a fin de garantizar transparencia y resultados medibles.
