3 DE FEBRERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. La ciudad de Mineápolis enfrenta actualmente una alarmante emergencia de salud pública debido al temor generalizado entre la población migrante. Según informes recientes, las personas están evitando acudir a hospitales y clínicas para no ser víctimas de la cacería de migrantes sin papeles que realizan los agentes federales en la zona. Esta situación ha obligado al personal sanitario a organizarse para realizar visitas médicas a domicilio, mientras que los propios vecinos se encargan de repartir recetas, alimentos y pañales para proteger a quienes tienen miedo de salir a la calle.
La comisionada del condado de Hennepin, Angela Conley, ha señalado que el impacto psicológico y físico es profundo, ya que los residentes están posponiendo cirugías y citas médicas vitales por miedo a ser detenidos. El ambiente de inseguridad es tal que incluso los trabajadores de la salud temen por su integridad mientras desempeñan sus labores. Este clima de tensión se agravó tras el trágico asesinato de Renee Good, una ciudadana estadounidense, a manos de agentes federales el mes pasado, lo que ha generado una desconfianza total en las autoridades.
El brote de enfermedades en centros de detención
Mientras en Mineápolis la gente se esconde, en el sur de Texas se vive otra faceta de esta crisis sanitaria dentro de las instalaciones migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el Centro de Procesamiento de Dilley ha sido puesto en cuarentena tras detectarse casos de sarampión entre los detenidos. La situación es preocupante, ya que los operativos del Servicio de Control de Inmigración han coincidido con un aumento histórico de contagios de esta enfermedad en todo Estados Unidos, alcanzando cifras que no se veían desde que el mal se declaró erradicado en el año 2000.
Es importante destacar que el centro de Dilley, gestionado por la empresa privada CoreCivic, debía haber cerrado sus puertas hace tiempo. Sin embargo, bajo la actual administración de Donald Trump, se renovó el contrato para mantener la campaña de represión de la inmigración que caracteriza su política actual. Aunque las autoridades aseguran que los internos reciben atención médica adecuada, el aislamiento total de los extranjeros y la parálisis de movimientos dentro del recinto reflejan la gravedad del brote epidemiológico en Texas y Carolina del Sur.
Demandas legales y arrestos de activistas
La respuesta del gobierno no solo ha sido médica y policial, sino que también ha enfrentado retos legales por parte de organizaciones de derechos civiles. Estos grupos han demandado al Departamento de Estado por suspender el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, alegando que esta medida destruye años de leyes migratorias establecidas. En medio de este conflicto, las protestas no se han hecho esperar, resultando en el arresto de activistas destacados y periodistas independientes que documentaban las manifestaciones en iglesias locales contra la represión migratoria en Minnesota.
