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Casi una decena de agentes de la policía nacional de El Salvador describió las intensas presiones a las que se vieron sometidos para cumplir las cuotas de detenciones, según un informe de Human Rights Watch publicado esta semana.
Durante mucho tiempo, las familias de quienes se vieron envueltos en las detenciones masivas de El Salvador han afirmado que la policía detuvo a hombres basándose en chismes del vecindario o en tatuajes inocentes.
Ahora, algunos agentes de policía que formaron parte de la amplia campaña del presidente Nayib Bukele contra las pandillas dicen lo mismo.
Casi una decena de agentes de la policía nacional de El Salvador describió las intensas presiones a las que se vieron sometidos para cumplir las cuotas de detenciones, según un informe de Human Rights Watch publicado esta semana, así como tres agentes de ese órgano que hablaron directamente con The New York Times, y el líder de la principal organización del país que defiende a los agentes de policía.
Cuotas se impusieron después del estado de excepción
Las cuotas se impusieron después de que Bukele declarara el estado de excepción en 2022, que sigue vigente en la actualidad, y supervisara una campaña de detenciones masivas, dijeron los agentes y el informe.
El plan de Bukele supuso un cambio asombroso para el diminuto país centroamericano, que durante décadas había estado asolado por la violencia de las pandillas.
El Salvador se convirtió rápidamente en uno de los países más seguros de la región, una hazaña que Bukele pregonó en la Casa Blanca tras encarcelar a algunos de los deportados del presidente Donald Trump.
Pero los agentes y el líder del grupo policial dijeron que las detenciones arbitrarias contribuyeron a ese cambio, al igual que el temor de los policías a que ellos también pudieran ser llevados a la cárcel acusados de ser colaboradores de las pandillas si desafiaban las órdenes.
También dijeron que algunos agentes abusaron de los poderes que les confería el estado de excepción.
“Bukele promociona sus políticas de seguridad como un modelo positivo para el mundo, pero los policías con los que hemos hablado cuentan una historia completamente distinta”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Cuando se le pidieron comentarios, la policía salvadoreña remitió las preguntas a una portavoz de la presidencia, quien no respondió.
Los agentes entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato porque temían represalias.
Al igual que muchos salvadoreños, algunos defendieron la estrategia de seguridad de Bukele incluso mientras describían cómo había ido demasiado lejos.
“La herramienta no está mal diseñada”, dijo un agente. “Lo que está es mal aplicada por los operadores”.
Agotando la base de datos
Los agentes de policía dijeron en las entrevistas que el decreto de emergencia, al principio, les ayudó a sofocar a pandillas como la MS-13 que habían aterrorizado a las comunidades.
Pero cuando la policía y las fuerzas de seguridad agotaron la base de datos de miembros conocidos de las pandillas, tuvieron que seguir realizando detenciones, porque los funcionarios del gobierno creían que había decenas de miles de colaboradores.
“Fue ahí donde nosotros comenzamos a exponer que no estábamos de acuerdo”, dijo un agente, y añadió que a su puesto policial le dijeron que siguiera haciendo cinco detenciones al día.
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Para cumplir las cuotas, los agentes recurrían a pruebas poco sólidas, como llamadas anónimas o avisos de vecinos, dijeron varios agentes. La política no oficial, dijo uno, era “detener primero e investigar después”.
Siguieron meses de caos, en los que los agentes se llevaban a jóvenes y hombres de su trabajo o de sus camas.
Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, dijo en una entrevista que los agentes se resistían, pero se enfrentaban a castigos si desobedecían. Les decían: “Miren, si no traen la cuota correspondiente a este día, mejor no vengan a la base”.
Un sistema penitenciario atestado
A medida que los funcionarios exigían más detenciones, la población penitenciaria de El Salvador se disparó de unas 30,000 personas a principios de 2022 a unas 110,000 este año, según cifras recientes del gobierno.
La policía había creído que las personas detenidas a principios de la iniciativa serían puestas en libertad rápidamente tras las investigaciones, dijeron los agentes entrevistados.
Pero el sistema judicial “se venía derrumbando todo” bajo el mandato de Bukele, dijo un agente.
Los legisladores flexibilizaron el límite sobre el tiempo que las personas detenidas por cargos de pandillas podían permanecer recluidas sin juicio. La mayoría de los detenidos a principios de 2022 siguen tras las rejas.
“Perdió su hogar, su empleo. Su vida. Su juventud”, dijo. “Perdió todo lo que es el ser de él, como persona”.
Exigiendo dinero
Cuando Bukele prorrogó el estado de excepción, dijeron varios agentes, algunos miembros de la policía utilizaron el decreto para extorsionar a la gente, exigiendo dinero o a veces sexo para evitar la detención.
Se detenía a la gente por capricho. Un agente contó que esposaron a un vendedor de comida por bloquear brevemente un vehículo policial.
Reyes dijo que los incidentes de extorsión eran cada vez menos frecuentes, y que los agentes implicados en tales casos habían sido duramente castigados.
Ahora, dijo, la policía sólo puede detener a personas en virtud de los poderes de emergencia si tienen cargos previos de violencia de pandillas, lo que reduce las detenciones arbitrarias.
Pero durante la presidencia de Bukele, dijo, la policía se había convertido en una herramienta política y había violado los derechos humanos.
Daño por detenciones masivas era irreparable
Reyes dijo que se había ordenado a la policía que detuviera a los disidentes y a cualquiera que alzara la voz, y que el daño causado por las detenciones masivas era irreparable.
“Esta gente que metieron presa, le arruinaron su vida por completo”, dijo. Algunos murieron en prisión, dijo. “Corregir eso no va a ser posible”. El costo psicológico para los agentes, añadió, había sido significativo.
Un agente, quien dijo que se había negado a hacer algo “ilegal” bajo el estado de excepción, dijo que había sido reasignado, degradado y ridiculizado por negarse a cumplir órdenes.
