Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto al descubierto un entramado de corrupción en las aduanas mexicanas, presuntamente liderado por un grupo de marinos y personal de aduanas conocido como «Los Primos». La UIF detectó que el lujoso estilo de vida y los cuantiosos gastos de los implicados no correspondían con sus ingresos declarados, lo que levantó sospechas de su participación en el llamado «huachicol fiscal». Estas operaciones, que involucran grandes cantidades de dinero en efectivo, pólizas de seguro millonarias y apuestas de alto riesgo, han llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a profundizar en la investigación.
Indicios de presunto enriquecimiento ilícito
La investigación de la UIF reveló un patrón de gastos millonarios que no coincide con los ingresos por nómina de los involucrados. Por ejemplo, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como uno de los líderes, adquirió un inmueble de más de 5 millones de pesos para su esposa. La UIF alertó que esta operación podría ser una simulación, dadas las transacciones en efectivo y el origen desconocido de los recursos. Este tipo de prácticas corruptas se repite en el caso de su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quien, a pesar de tener ingresos por nómina de 1.7 millones de pesos, gastó 5.6 millones más de lo que percibió.
Otro caso emblemático de esta corrupción es el del capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz. La UIF detectó que, entre 2015 y 2023, Solano Ruiz gastó más de 52 millones de pesos en apuestas, con el 99.73% de los pagos realizados en efectivo. Además, adquirió una joyería de más de 400 mil pesos y acumuló gastos en tarjetas de crédito por más de 6 millones. Esta actividad inusual, vinculada a los juegos y sorteos, generó múltiples alertas por parte de las instituciones financieras, lo que refuerza las sospechas sobre el origen ilícito de los fondos manejados.
La investigación también involucra a otros funcionarios de menor rango que muestran el mismo patrón de vida por encima de sus posibilidades. El capitán Clímaco Aldape Utrera, señalado como un enlace clave en la red, gastó casi 8 millones de pesos en nómina de 2020 a 2024, pero realizó operaciones inusuales como un préstamo de 450 mil pesos de una persona física y 400 mil pesos de una empresa, sin ser una entidad financiera. Estas transacciones, consideradas «actividades vulnerables», son una clara señal de manejo de recursos de procedencia ilícita y se suman a la compra de un automóvil de lujo, una Chevrolet Suburban Premier.
El caso del exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, Humberto Enrique López Arellano, también es revelador de la presunta corrupción. Con ingresos de 13.6 millones de pesos de la Secretaría de Marina y la ANAM entre 2020 y 2024, manejó altas sumas de dinero en efectivo y realizó gastos de lujo, como la compra de un automóvil BMW por más de 500 mil pesos en efectivo. La UIF cuestionó si su actividad de «asalariado» justificaba su capacidad para realizar este tipo de compras y viajes al extranjero, señalando que el origen de su riqueza es desconocido.
La red de corrupción al interior de las aduanas no solo afecta las finanzas públicas por la defraudación fiscal, sino que también pone en riesgo la seguridad nacional. El «huachicol fiscal» se refiere al contrabando de combustibles y otras mercancías para evadir impuestos, una actividad que, según expertos en seguridad, a menudo financia a organizaciones del crimen organizado. El hecho de que funcionarios de alto rango de la Marina y Aduanas estuvieran presuntamente involucrados en esta red sugiere una infiltración profunda en instituciones clave del Estado. Esto no solo debilita la economía, sino que también socava la confianza pública y facilita otras actividades criminales, como el lavado de dinero y el tráfico de mercancías ilícitas.
