28 de Agosto 2025.- Los hermanos José y Claudia Molina González han sido liberados del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, luego de permanecer recluidos durante seis días. La detención, calificada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como una criminalización del sistema de justicia comunitaria, se basó en acusaciones de terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra particulares. José Molina, coordinador de la casa de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla, fue arrestado en la Ciudad de México mientras realizaba trámites de trabajo. Su hermana Claudia fue detenida al intentar buscarlo en el Cereso.
El contexto de criminalización de la CRAC-PC
El caso de los hermanos Molina no es un incidente aislado. Tlachinollan ha señalado que la detención se ejecutó a través de una orden de aprehensión de una causa penal que data de 2013, en un contexto de represión violenta por parte del Estado contra la policía comunitaria. Esta policía, que surgió para combatir la violencia en la Costa-Montaña, fue violentamente reprimida por el gobierno, a pesar de que su objetivo era proteger a las comunidades. Esta liberación es un paso hacia la justicia, pero el trasfondo de criminalización de la policía comunitaria persiste, debilitando su papel frente al crimen organizado.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó una embestida similar en agosto de 2013, cuando las fuerzas armadas atacaron la casa de justicia de la CRAC-PC en El Paraíso. En ese operativo, el Ejército, la Marina y policías, con tanquetas, detuvieron a decenas de indígenas y a líderes comunitarios como Gonzalo Molina, Nestora Salgado y Arturo Campos. Estas detenciones generaron protestas en Tixtla y Ayutla de los Libres, pero el gobierno federal optó por criminalizar y hostigar a los defensores comunitarios, fabricándoles delitos. La liberación de los hermanos Molina no borra el patrón de persecución.
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Teliz, expresó su preocupación por la detención de los hermanos Molina, destacando el hostigamiento continuo contra el sistema de justicia comunitaria. Las detenciones de José y Claudia no son fortuitas, sino que, según la organización, tienen la intención de «aplastar las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos». En un momento en que estas comunidades exigen el reconocimiento de su libre determinación y autonomía, estas acciones representan un retroceso para los derechos de los pueblos originarios. La liberación es un respiro, pero la lucha por el reconocimiento continúa.
José y Claudia Molina han hecho un llamado directo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía de Guerrero, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que cesen la criminalización y el hostigamiento contra la CRAC. La liberación de los hermanos es una victoria para la justicia, pero la amenaza de nuevas detenciones y la falta de reconocimiento oficial a la policía comunitaria siguen latentes. El caso pone en evidencia la tensión entre el sistema de justicia del Estado y las formas de autogobierno y seguridad que han desarrollado las comunidades.
El caso de los hermanos Molina es un reflejo de un problema más profundo en el estado de Guerrero, donde la falta de una respuesta efectiva del Estado ante la violencia ha llevado a las comunidades a organizarse y tomar su propia seguridad en sus manos. A pesar de los esfuerzos de la policía comunitaria por mantener la paz en sus territorios, en lugar de recibir apoyo, son criminalizados y perseguidos. Esta liberación de la cárcel de Chilpancingo es una muestra de que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos están atentas a estos casos.
