La Iglesia Católica de Nicaragua sufre la peor represión de su historia con el Gobierno sandinista que preside Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, concluyó la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más en un informe divulgado este jueves.
“En Nicaragua no existe parangón alguno que iguale los niveles de represión contra la Iglesia Católica, así como evangélicos y otras expresiones religiosas”, sostuvo esa ONG en el informe titulado “Seis años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua, cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de las Iglesias (2018-2024)”.
Se trata, agregó ese organismo, “de una política y práctica de Estado represiva, sin precedentes en la historia” de Nicaragua, que supera incluso a los tiempos de guerra, “con el agravante de que en la alegada paz de la tiranía se trata como sus peores enemigos a quienes no le bendicen sus actos criminales cometidos desde el ejercicio del poder”.
“Nunca el país había tenido a tantos sacerdotes presos, religiosas y religiosos perseguidos y expulsados. Ni en tiempos de guerra hubo fomento de terror como el que sufre actualmente el pueblo nicaragüense y en particular la Iglesia Católica, a la que se le persigue hasta por sonar las campanas”, señaló ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.
Señalan al Estado de cometer crímenes de lesa humanidad en Iglesia Católica
En consecuencia, según ese informe, “la persecución contra la Iglesia y en particular contra sus sacerdotes y otras personas religiosas, constituye crímenes de lesa humanidad”.
En ese sentido, advirtió esa ONG, “la documentación de estas graves violaciones es fundamental para futuros procesos de justicia sea en la jurisdicción nacional o en otras jurisdicciones”.
Ese organismo señala al Ejecutivo sandinista de cometer al menos cuatro delitos de lesa humanidad contra los religiosos: deportación o traslado forzoso de población (destierro), encarcelación, tortura, y persecución de un grupo o colectividad.
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Según ese Colectivo, el Gobierno de Ortega ha detenido a 74 religiosos -en su mayoría sacerdotes- y excarcelado y desterrado a 63 de ellos, y al menos 35 han sido despojados de su nacionalidad.
Para esa ONG, “el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende el control total de todos los espacios de la vida, incluyendo la conciencia de las personas”.
“La propuesta es el control de todo, siendo uno de los últimos reductos las iglesias. Para ello el régimen utiliza toda su violencia, mediante sus instituciones, la mentira y la manipulación. Desde esta lógica lo que no puede ser controlado será cerrado y en última instancia aniquilado”, anotó.
Persecución política y religiosa
Ese Colectivo recordó que desde que estallaron las manifestaciones antigubernamentales, en abril de 2018, la Iglesia Católica “comenzó a ser blanco de los ataques del régimen y en particular del matrimonio Ortega-Murillo”.
“Dichos ataques evolucionaron al extremo del encarcelamiento de sacerdotes, obispos y religiosos, así como otras acciones que nos llevan a concluir que las Iglesias en Nicaragua sufren en pleno siglo XXI la mayor persecución en la historia del país”, enfatizó.
Además de la encarcelación, destierro y desnacionalización, las autoridades mantienen “ataques a los símbolos religiosos, prohibición de actividades abiertas y en la calle como las procesiones, vigilancia dentro de las parroquias para oír, ver y reportar sobre todo tipo de actividad religiosa y sobre todo de sus participantes”, así como “el cierre de medios de comunicación de la iIglesia” y de organismos religiosos de asistencia humanitaria, salud y educativas”.
Por tanto, para esa ONG, “la pretensión de sustituir a la iglesia para la realización de sus actividades tradicionales, con acciones progubernamentales y partidarias, evidencian y demuestran que no solamente se trata de una persecución política, sino también de una verdadera persecución religiosa”.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Con información de EFE.
