13 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación formal tras recibir una denuncia grave contra el cantante Julio Iglesias. El proceso, que comenzó a principios de enero, surge tras el testimonio de dos mujeres que trabajaron para el artista en el año 2021. Según el documento judicial, se le acusa de participar en una red de comercio de seres humanos, además de cometer agresiones sexuales, acoso y lesiones físicas. Los hechos habrían ocurrido en las mansiones que el intérprete posee en República Dominicana y las Bahamas, lugares donde supuestamente se ejercía un control absoluto sobre las empleadas.
La denuncia fue registrada oficialmente el pasado 5 de enero y ha dado paso a diligencias de investigación penal que se mantienen bajo secreto. El Ministerio Público español está analizando actualmente si tiene la competencia necesaria para juzgar este caso, dado que los presuntos delitos sucedieron fuera de las fronteras de España. No obstante, al ser Julio Iglesias un ciudadano español, la ley permite que la justicia de su país intervenga, siempre y cuando los actos también sean castigados en los lugares donde ocurrieron, cumpliendo así con los requisitos para perseguir la captación ilegal de personas.
Relatos de explotación y abuso de poder
Las denunciantes, identificadas como Laura y Rebeca para proteger su seguridad, relataron un entorno laboral marcado por el miedo y la dependencia económica. Ambas aseguran que, mientras trabajaban como empleada doméstica y fisioterapeuta, fueron forzadas a mantener encuentros sexuales con el cantante mediante amenazas y aislamiento. El escrito detalla situaciones de humillación constante, vejaciones verbales y agresiones físicas. Este escenario es descrito por la acusación como un sistema diseñado para la explotación de personas vulnerables, donde las víctimas no tenían capacidad de resistencia.
El documento presentado ante la Fiscalía sostiene que Iglesias no actuaba solo, sino que contaba con la ayuda de dos encargadas de sus residencias. Estas mujeres habrían participado en la selección y el traslado de las trabajadoras, imponiendo condiciones de vida que se asemejan a la servidumbre. Según las abogadas del caso, esta estructura organizada permitía que el artista ejerciera un dominio total, aprovechándose de la necesidad económica de las empleadas. Por ello, la denuncia incluye el agravante de grupo criminal dedicado a la servidumbre forzada de mujeres.
Violaciones a los derechos laborales y humanos
Además de los cargos por violencia sexual, la investigación abarca graves vulneraciones a la normativa de trabajo y seguridad social. Las mujeres afirman que carecían de contratos legales, no tenían días de descanso y sufrían una falta total de privacidad en sus habitaciones. En uno de los casos, se menciona incluso la contratación ilegal sin los permisos de trabajo necesarios en los países caribeños. Estas condiciones refuerzan la tesis de la fiscalía sobre una posible trama de tráfico de personas con fines laborales, donde la dignidad de las empleadas era ignorada.
La organización Women’s Link Worldwide ha solicitado medidas urgentes para proteger a las víctimas, temiendo que el poder e influencia del cantante pueda derivar en represalias. Por el momento, Julio Iglesias no ha respondido a los intentos de contacto de los medios de comunicación para ofrecer su versión de los hechos. Mientras tanto, las denunciantes esperan que su testimonio sirva para que otras mujeres en situaciones similares rompan el silencio. La Audiencia Nacional deberá decidir en las próximas semanas si continúa con el proceso penal por la presunta movilización delictiva de trabajadoras.
