20 de Noviembre del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso significativo en una investigación federal de alto impacto, al emitir una citación oficial a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esta acción forma parte de un proceso judicial que involucra a una extensa red de políticos y empresarios del estado, todos señalados por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, centrándose en el lavado de activos.
De acuerdo con la documentación oficial emitida por la FGR, la citación exige que el excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California se presente en las oficinas centrales de la Fiscalía ubicadas en la Ciudad de México. Torres Torres debe asistir acompañado de un abogado, llevando consigo toda la documentación que le ha sido solicitada por las autoridades como parte de la investigación sobre el presunto lavado.
La carpeta de investigación federal se originó a partir de una denuncia, cuya naturaleza algunos de los implicados han calificado como anónima, la cual señala a un grupo considerable de personas, que asciende a por lo menos veinte. Esta red de involucrados sugiere que el esquema de lavado investigado podría tener ramificaciones profundas dentro de las estructuras económicas y políticas de la entidad fronteriza.
Entre la lista de personas citadas por la Fiscalía, destacan figuras de alto perfil político en el estado, lo que dimensiona la magnitud de la investigación. Se encuentran implicados el alcalde actual de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y Luis Alfonso Torres Torres, quien es hermano del principal imputado en la presunta red de lavado.
💸 El Caso Se Formaliza y Genera Tensión Política por el Lavado
Según los oficios de la fiscalía, la FGR ha formalizado los cargos y la investigación en contra de Carlos Torres Torres, quien meses atrás ya había estado en el centro de la controversia pública. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos tomó la drástica decisión de revocar su visa de turista, así como la de su entonces esposa, la gobernadora Marina del Pilar, debido a presuntos vínculos con actividades ilícitas que apuntaban al lavado de activos y la delincuencia organizada.
La investigación de lavado se desarrolla en medio de un ambiente político sumamente convulso, exacerbado por constantes filtraciones de documentación judicial que han sido ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales. Estas filtraciones no solo han incrementado la tensión entre los actores políticos señalados, sino que también han avivado el debate público sobre la posible corrupción y la penetración de intereses criminales en las altas estructuras de gobierno en Baja California.
El enfoque central del caso de lavado radica en operaciones financieras que han sido catalogadas como sospechosas por las autoridades federales, así como en la posible participación de los señalados en esquemas relacionados directamente con organizaciones criminales. Estas imputaciones han elevado drásticamente el nivel de escrutinio sobre funcionarios en activo y exservidores públicos de la entidad.
En octubre pasado, la gobernadora Marina del Pilar hizo público que se encontraba en proceso de divorcio, tras meses en los que circularon versiones sobre presiones ejercidas desde Washington debido a los presuntos vínculos de su entonces esposo con actividades ilícitas. No obstante, hasta el momento la mandataria estatal ha mantenido silencio y no ha emitido una postura oficial respecto a la citación emitida por la FGR en el marco de este caso de lavado.
Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, confirmó haber recibido el citatorio, aunque expresó su inconformidad por la filtración del documento y buscó minimizar la denuncia en su contra, asegurando que esta carece de sustento. “Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer”, afirmó en conferencia de prensa, intentando disipar las especulaciones sobre su posible implicación en el esquema de lavado.
