Por Daniel Zovatto y Manfredo Marroquín
Esta frase se ha vuelto un lema recurrente en las redes sociales y los encuentros ciudadanos en las calles de Guatemala. El gobernante Pacto de Corruptos, una alianza entre el gobierno, partidos políticos y élites empresariales a favor de la corrupción, aún no se recupera del impacto causado por el resultado inesperado de las elecciones del pasado 25 de junio, en las cuales una opción -el candidato Bernardo Arévalo del movimiento antisistema Semilla– considerada una amenaza para su status, que logró colarse a la segunda vuelta.
Una semana después de conocerse los resultados presidenciales, casi una decena de partidos perdedores, que no obtuvieron individualmente ni siquiera un dos por ciento de los votos, se unieron para presentar amparos solicitando la suspensión de la asignación de cargos, alegando irregularidades en el conteo de votos.
Las Cortes (Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia) al igual que los otros poderes e instituciones del Estado controlados por el Pacto de Corruptos (Tribunal Supremo de Elecciones), respondieron rápidamente a la demanda de los perdedores, ordenando la suspensión de la asignación de cargos y un recuento de actas de las mesas impugnadas, las cuales en su mayoría se originaron en la elección de alcaldías municipales.
Si bien la resolución de la Corte Constitucional establece que la revisión en el conteo de actas debe respetar los plazos legales y que la segunda vuelta se celebre el 20 de agosto, según lo establecido en el calendario electoral, esta medida legal ha sido recibida con sospechas y se considera una amenaza a la integridad de las elecciones y de los resultados que ya se ha visto mancillada a lo largo del proceso electoral. Si previo a la elección del 25 de junio el proceso adolecía de un elevado nivel de judicialización y manipulación, estas últimas medidas generan un nivel peligroso de hiperjudicialización. Hay que evitar que Guatemala ingrese a un limbo jurídico de recursos y contra recursos que generen incertidumbre y desconfianza.
Las misiones de observación internacional de la OEA y la UE, así como el propio Secretario General de la OEA, el gobierno de los Estados Unidos, países miembros del Grupo de Donantes G-13, misiones de observación electoral nacionales (Mirador Electoral y Moe GT) y la Conferencia Episcopal, entre otros, se han pronunciado en contra de dicha resolución judicial, asegurando que la elección presidencial cuenta con dos claros contendientes para el balotaje: Sandra Torres y Bernardo Arévalo quienes ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente en la primera vuelta del pasado 25 de junio.
Dado el historial del gobierno de Giammatei, inclinado a concentrar poder y perseguir a opositores, incluyendo periodistas y operadores de justicia independientes, muchos de los cuales se encuentran en el exilio, la mayoría de éstos han sumado sus voces a los llamamientos de las misiones de observación para que los resultados no sean manipulados y se respete la voluntad popular. Además, el gobierno de Estados Unidos ha advertido sobre las “implicaciones de gran alcance” en caso de que esto suceda. La Unión Europea y el gobierno de Noruega también han expresado preocupación en términos similares. De momento llama la atención el silencio de los gobiernos latinoamericanos.
Mientras Sandra Torres ya había llegado a la segunda vuelta en dos oportunidades, Bernardo Arevalo, hijo del presidente Juan José Arevalo Martínez, no figuraba en ninguna encuesta como favorito para el balotaje, y de haberlo sido, seguramente hubiera sido excluido del proceso, al igual que otras tres opciones que a lo largo del mismo mostraron un repunte en las encuestas y amenazaron los intereses del gobernante Pacto de Corruptos: Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda.
Otra frase que circula en las redes sociales y refleja la consternación imperante en el pacto gobernante es “nos robaron el fraude“, haciendo alusión a los planes frustrados para evitar que ninguna opción no controlada por el Pacto tuviera posibilidades de triunfo en esta elección.
No hay que olvidar que en las pasadas elecciones del 25 de junio la primera preferencia del electorado guatemalteco fue el voto nulo junto con el voto en blanco, que con el 24% superaron el porcentaje de votos de cualquier candidato. Sumado a la abstención y al voto al partido Semilla de Arévalo, estos tres porcentajes de votos representan más del 75 por ciento del universo electoral, y de una u otra manera reflejan el profundo malestar social y el rechazo ciudadano hacia el mediocre gobierno de Giammattei y el Pacto de Corruptos.
El gobierno y sus aliados mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores han recurrido al discurso trillado del respeto a la soberanía y a la no injerencia en asuntos internos frente a los pronunciamientos de la comunidad internacional, los cuales seguramente aumentarán en número y tono dependiendo del resultado de las audiencias de revisión de conteo de actas.
Estas audiencias comenzarán mañana martes 4 de julio y se espera que cumplan con todas las garantías y las condiciones de transparencia, dada la importancia de la tarea, y que finalicen dentro del plazo legal establecido de cinco días. Cuanto más ágil y transparente sea esta nueva etapa de revisión, mejores serán las condiciones para celebrar la segunda vuelta el 20 de agosto.
Mientras tanto, los ataques y la campaña sucia contra el candidato sorpresa no han cesado desde el mismo día en que se conoció su inesperada clasificación a la segunda vuelta. Estas tácticas son una copia exacta de las campañas realizadas en Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros caos, contra candidatos progresistas que, a pesar de ello, resultaron vencedores.
Contrariamente al factor sorpresa de Arévalo, la otra candidata finalista, Sandra Torres, era considerada por todas las encuestas como una clara candidata para ingresar nuevamente a la segunda vuelta. Sin embargo, su desempeño en los dos balotajes anteriores (2015, 2019) muestra que a Torres le es difícil ganar en la segunda vuelta debido al alto nivel de rechazo que enfrenta (45%).
El gobierno y los miembros del Pacto de Corruptos, que se han unido en una sola fuerza después de la experiencia de la Comisión de lucha contra la impunidad en Guatemala (CICIG), expulsada del país en 2019, la cual investigó a muchos de ellos por sus negocios irregulares y/o financiamiento político ilegal, no tenían previsto abandonar el poder después de haber hecho hasta lo impensable para manipular el proceso electoral y asegurar que un candidato afín se hiciera con la victoria para seguir garantizándoles la continuidad de sus negocios y la impunidad.
Pero los resultados de la primera vuelta -además de la sorpresa del triunfo de Arévalo que produjo un cambio en el ambiente político- evidencian un desgaste y rechazo de parte de amplios sectores de la población (más de tres cuartas partes de la ciudadanía) hacia la agenda pro corrupción que sus miembros promueven con total impunidad.
Así las cosas, Guatemala se juega en las próximas semanas la posibilidad de regresar al redil democrático vía elecciones, recuperando gradualmente la integridad de sus instituciones y abandonando la actual senda que inexorablemente la llevaría a la consolidación de un Estado Mafioso. Una grosera manipulación de parte de las autoridades judiciales o electorales para tratar de desvirtuar la voluntad popular llevaría al país a una crisis política con consecuencias muy graves. No dejemos sola a Guatemala en este momento crítico. Es mucho lo que está en juego.
