3 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. Una dramática escena se desarrolló en el estadio deportivo de Khost, Afganistán, donde un niño de tan solo 13 años se vio envuelto en un acto de justicia extrema. El menor de edad ejecutó frente a una multitud al hombre que había sido declarado culpable del asesinato de su familia. El evento, que tuvo lugar en un contexto de rigor impuesto por las autoridades, contó con la asistencia de aproximadamente 80.000 personas, quienes presenciaron el ajusticiamiento en un estadio lleno.
La víctima de la ejecución fue identificada como Mangal, un hombre condenado por un crimen atroz cometido hace 10 meses. El Tribunal Supremo había dictaminado que Mangal era responsable de la muerte de 13 miembros de una misma familia, lo que incluía a nueve niños y a la madre del joven que finalmente empuñó el arma. La magnitud del crimen subraya la severidad de la sentencia y el trauma que ha marcado la vida del niño que presenció la devastadora pérdida de sus seres queridos.
El momento culminante de la ejecución se dio después de que el menor de edad tuviera una última opción en sus manos. Primero, se le preguntó públicamente si deseaba indultar al condenado, ofreciéndole la posibilidad de perdonar al asesino de su familia, pero el niño se negó rotundamente. Posteriormente, se le entregó un arma de fuego y, cumpliendo con la sentencia de represalia, disparó contra el hombre mientras los miles de presentes manifestaban su aprobación y celebraban la consumación del acto de justicia.
El Rigor de la Sharia y el Dictamen de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Afganistán emitió un comunicado oficial para respaldar el proceso, asegurando que el caso había sido revisado de forma «exhaustiva» antes de emitir la sentencia de «represalia» bajo los preceptos de la ley islámica, o sharia. Este tipo de ejecuciones públicas son un método que las autoridades utilizan para demostrar la firmeza de su sistema de justicia, actuando como un disuasivo para futuros crímenes violentos. Sin embargo, estas prácticas son un punto constante de fricción con las normas internacionales de derechos humanos.
La aplicación de la ley islámica también influyó en el destino de otros dos cómplices en el asesinato. La ejecución de estas dos personas, también ordenada por el Tribunal Supremo, fue pospuesta. Esto se debe a que, según las disposiciones de la sharia, los herederos de las víctimas no se encontraban en el país, lo que impide la consumación de la sentencia de represalia hasta que estos puedan dar su consentimiento o su postura final sobre el castigo.
Alarma Global por el Uso de Menores
