
12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Productores cañeros de la Organización 9 de Septiembre han llevado a cabo una serie de protestas y tomas de casetas en el sur del estado de Veracruz, exigiendo al gobierno federal que establezca un precio justo y de garantía para su cosecha. La movilización, que se llevó a cabo en puntos clave de comunicación como el Puente El Caracol, el Puente Papaloapan y la autopista Cosamaloapan–La Tinaja, tuvo como objetivo presionar a las autoridades ante la incertidumbre que rodea la próxima zafra. En estas casetas, los manifestantes permitieron el paso libre a los vehículos, solicitando a cambio una «cooperación» voluntaria, en un intento por visibilizar la precaria situación que enfrentan miles de familias veracruzanas que dependen de esta actividad agrícola.
La principal demanda de los cañeros es la instauración de un pago mínimo de 300 pesos por tonelada de caña de azúcar. Según explicaron los productores, este monto representa la pérdida de valor que experimentó su producto al comparar la zafra más reciente con la anterior. Además de la necesidad de un precio que cubra sus costos y les permita vivir dignamente, los cañeros exigen al gobierno federal la implementación de otros apoyos esenciales para el campo mexicano. Esta falta de garantías y respaldo oficial ha generado una profunda preocupación entre los agricultores, que ven amenazado su sustento familiar ante la proximidad de la temporada de cosecha.
El Olvido del Campo y la Competencia Desleal
Jorge Alberto López Luna, uno de los cañeros participantes en la protesta, expresó el sentir generalizado del sector, destacando la falta de un precio sustentable para su cosecha. «Estamos inconformes con la cuestión del precio, no tenemos un precio sustentable, no tenemos garantía, estamos olvidados por el gobierno y estamos en una lucha pacífica, (…) hay incertidumbre por la gente, nuestras familias, todo está muy mal, estamos olvidados en el campo”, sentenció el manifestante, subrayando que la lucha busca estabilidad para sus familias. Esta desesperación ha llevado a los productores a buscar el diálogo urgente con las autoridades federales, esperando alcanzar acuerdos que brinden una solución inmediata a su problemática.

Los cañeros también señalaron que uno de los factores que más perjudica la rentabilidad de su producto es la entrada descontrolada de azúcar proveniente de otros países. Argumentan que esta importación masiva provoca una caída en los precios nacionales que les resulta imposible de sostener. Por ello, una de sus peticiones más firmes es que se detenga por completo la entrada de azúcar extranjera. La afectación de esta competencia considerada como desleal ha sido un punto clave en su pliego petitorio, buscando proteger el mercado interno y asegurar un precio justo para el producto nacional.
Respuesta Gubernamental: Aranceles para Proteger a los Cañeros
En respuesta a la crisis de precios y la preocupación de los cañeros, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, celebró un anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que beneficia directamente al sector. La medida federal consiste en la modificación de los aranceles aplicables al azúcar importada, estableciendo impuestos que van desde el 156 por ciento hasta el 210 por ciento a este producto proveniente del extranjero. Nahle García calificó esta acción como un acto de «justicia para nuestros productores».
La gobernadora veracruzana manifestó su optimismo sobre el impacto de la medida, asegurando que con el establecimiento de estos aranceles, el azúcar veracruzana podrá recuperar un precio digno en el mercado. Esta acción, dijo, asegura el bienestar de miles de familias que dependen de la noble actividad de la producción de caña. La implementación de aranceles busca equilibrar la competencia, encareciendo la entrada del producto foráneo y permitiendo que la producción nacional de los cañeros pueda comercializarse a un costo que cubra los gastos de producción y genere ganancias para los agricultores.
A pesar de la celebración por el anuncio de los aranceles, la protesta de los cañeros persiste en las casetas, indicando que aún necesitan la formalización de un precio de garantía mínimo de $300 pesos por tonelada. Los líderes de la Organización 9 de Septiembre esperan que el diálogo con las autoridades federales se concrete a la brevedad para transformar las promesas de justicia en acuerdos palpables que detengan la incertidumbre antes de que inicie la zafra. Su lucha pacífica continúa siendo el mecanismo para recordarle al gobierno que el campo necesita más que solo buenas intenciones.







