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La orden entrará en vigor dentro de 30 días. Los jueces no abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden presidencial de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en EE. UU.
El viernes, la Corte Suprema limitó la capacidad de los jueces de tribunales inferiores para bloquear las políticas del poder ejecutivo en todo el país, lo que abrió la puerta a que la mayoría de los estados apliquen, al menos temporalmente, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Votación en la Corte Suprema
Con su fallo, los jueces de la Corte Suprema parecieron poner en entredicho la capacidad de los jueces federales individuales para congelar políticas en todo el país. Esta poderosa herramienta jurídica, conocida como mandato judicial de ámbito nacional, se ha utilizado con frecuencia en los últimos años para bloquear políticas puestas en marcha por gobiernos demócratas y republicanos, y ha dado lugar a acusaciones de búsqueda de jueces complacientes.
Pero el efecto inmediato del fallo, de 6 votos a favor y 3 en contra, redactado por la jueza Amy Coney Barrett y dividido según líneas ideológicas, fue dar a Trump una victoria importante, aunque quizá temporal, en sus esfuerzos por redefinir la ciudadanía en Estados Unidos.
Constitucionalidad de la orden ejecutiva
Los jueces no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva emitida por Trump en enero, que pretende poner fin a la práctica de conceder automáticamente la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos, aunque los padres no sean ciudadanos. Es probable que esa cuestión vuelva a la Corte Suprema, quizá el año que viene.
Mientras tanto, el fallo despeja el camino para que la orden ejecutiva entre en vigor en los 28 estados que no la han impugnado, lo que podría crear un sistema de mosaico en el que las normas para la ciudadanía sean diferentes en las distintas partes del país.
Abren la puerta a las demandas colectivas
Aun así, la sentencia de la Corte Suprema no entrará en vigor hasta dentro de 30 días. Y los jueces de la Corte Suprema han abierto una vía potencial para los impugnadores, diciendo que los jueces de los tribunales de distrito podrían considerar la posibilidad de admitir demandas colectivas para impedir la aplicación de la orden ejecutiva a escala estatal, regional o incluso nacional.
De hecho, los grupos que impugnan la orden ejecutiva aprovecharon inmediatamente esa oportunidad, presentando demandas colectivas en Maryland y Nuevo Hampshire. Es probable que otros impugnadores hagan lo mismo en los próximos días.
Durante sus primeros meses, el gobierno de Trump ha visto cómo sus esfuerzos por promulgar su arrollador programa política se veían obstaculizados por jueces de tribunales federales de primera instancia que blandieron mandatos judiciales de ámbito nacional que bloquearon al gobierno a cada paso.
Aluvión de órdenes ejecutivas
Trump comenzó su segundo mandato firmando un aluvión de órdenes ejecutivas, entre ellas la que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero muchas fueron inmediatamente paralizadas por los tribunales de primera instancia. En respuesta, Trump y sus aliados han atacado públicamente durante meses a los jueces de primera instancia que fallaron en contra del gobierno, alegando que se habían extralimitado en sus funciones.
El gobierno impugnó repetidamente muchos de los mandatos judiciales de ámbito nacional, solicitando medidas de emergencia a la Corte Suprema.
En una rueda de prensa tras el fallo del tribunal, Trump se mostró triunfante.
“Nuestro país debería estar hoy muy orgulloso de la Corte Suprema”, dijo.
Calificando de “gigantesco” el fallo de los jueces, Trump dijo que su gobierno pondría rápidamente en marcha las políticas bloqueadas por los mandatos judiciales de ámbito nacional, incluida su política de ciudadanía por derecho de nacimiento.
Los expertos jurídicos predijeron que la sentencia probablemente desencadenaría una avalancha de demandas individuales y solicitudes de acciones colectivas en otros asuntos, sin que esté claro el impacto final sobre el programa político de Trump. En cualquier caso, dijeron que dejaría muy ampliado el poder de la presidencia.
Chuck Schumer: “Paso aterrador hacia el autoritarismo”
“Vaya, ahora hay un incentivo para hacer lo que quiera”, dijo Amanda Frost, profesora de Derecho de la Universidad de Virginia. “Realmente ata de pies y manos al poder judicial para mantener a raya al ejecutivo”.
El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, advirtió que el fallo del tribunal era un “paso aterrador hacia el autoritarismo” e instó al Congreso a llenar lo que consideraba el vacío dejado por el poder judicial para frenar el poder de un ejecutivo fuera de control.
“Los miembros republicanos deben defender los valores democráticos fundamentales de Estados Unidos y no el poder presidencial descontrolado que tanto temían nuestros fundadores”, dijo en un comunicado.
Los grupos de defensa legal que han luchado activamente contra las políticas más radicales del gobierno de Trump prometieron encontrar soluciones, como demandas colectivas e impugnaciones paralelas en varios distritos federales, si fuera necesario.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, dijo en un comunicado: “Quedan varias vías para que las personas obtengan socorro de los tribunales”. Calificó la sentencia de “decepcionante y un obstáculo más” para la protección de los derechos constitucionales.
Decimocuarta Enmienda
La práctica de conceder automáticamente la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense tiene sus raíces en la Decimocuarta Enmienda. Ratificada tras la Guerra Civil, la enmienda, que amplió la ciudadanía a los estadounidenses de raza negra, formaba parte de un intento de impedir que los estados confederados negaran los derechos civiles a los antiguos esclavos.
La primera frase de la enmienda declara que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen”.
En 1898, la Corte Suprema afirmó ese derecho en un caso histórico, Estados Unidos contra Wong Kim Ark. Durante más de un siglo, los tribunales han mantenido esa interpretación.
Mientras la orden ejecutiva estuvo bloqueada, el gobierno de Trump no dio detalles sobre cómo llevaría a cabo un cambio total en el modo en que el país concede la ciudadanía.
Probable exceso de autoridad de jueces federales
En los fundamentos del fallo, Barrett explicó la opinión de la mayoría de que los bloqueos a escala nacional por parte de los jueces federales “probablemente exceden” su autoridad porque tales mandatos judiciales permiten a los jueces congelar una política para todos los habitantes del país, en lugar de solo para los implicados directamente en un caso judicial.
Barrett citó ejemplos de varios jueces de la Suprema Corte que han criticado los mandatos judiciales de ámbito nacional y citó un influyente artículo de una revista jurídica que sostenía que, al final del gobierno de Biden, casi todas las medidas presidenciales importantes habían sido bloqueadas inmediatamente por un juez federal.
Paralizaciones a escala nacional
Dijo que tales paralizaciones a escala nacional eran un fenómeno relativamente reciente, una herramienta jurídica “llamativamente inexistente durante la mayor parte de la historia de nuestra nación”.
Una extralimitación de la presidencia no le da permiso a los tribunales para abusar de su poder, escribió Barrett. “Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal se extralimite también en sus competencias”, escribió.
El caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento fue uno de los primeros desafíos al programa política de Trump tras su vuelta al poder. El 20 de enero, primer día del segundo mandato de Trump, firmó una orden ejecutiva que parecía poner en entredicho el principio, que forma parte de la Constitución desde hace más de 150 años.
Impugnaciones legales inmediatas
El anuncio causó impugnaciones legales inmediatas por parte de 22 estados liderados por demócratas, de organizaciones de defensa de los inmigrantes y mujeres embarazadas preocupadas por la posibilidad de que no se concediera la ciudadanía a sus hijos de forma automática. A los pocos días, un juez federal de Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva, calificándola de “descaradamente inconstitucional”.
Órdenes de suspensión de la política
Jueces federales de Maryland y Massachusetts emitieron rápidamente órdenes de suspensión de la política. Los tres jueces extendieron sus órdenes a todo el país, incluso a los estados que no habían interpuesto recursos judiciales.
Sigue sin estar claro cómo abordarán los tribunales inferiores las órdenes judiciales para los estados que impugnaron la política.
Barrett reconoció los argumentos de los estados de que un “mandato judicial en mosaico resultaría inviable” porque “los niños se desplazan a menudo a través de las fronteras estatales o nacen fuera del estado de residencia de sus padres”. Dijo que los jueces de la Corte Suprema se negaban a aceptar esos argumentos y que dejarían en manos de los tribunales inferiores la determinación de si una congelación “más estrecha” sería “apropiada”.
Jueza Ketanji Brown Jackson: “Con profunda desilusión, disiento”
Dos de las tres juezas liberales del tribunal — Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson— escribieron disensos.
“El Estado de Derecho no se da por hecho en esta nación, ni en ninguna otra”, escribió Sotomayor. “Es un precepto de nuestra democracia que perdurará solo si aquellos suficientemente valientes de cada rama luchan por su supervivencia. Hoy, el tribunal abdica de su papel vital en ese esfuerzo”.
Sotomayor también resumió su disenso desde el estrado, un movimiento poco habitual que indica un profundo desacuerdo.
En su disenso, Jackson escribió que el fallo permitía al presidente “violar la Constitución con respecto a quien aún no la ha demandado” y presentaba “una amenaza existencial para el Estado de Derecho”.
En lugar de la frase habitual de “Disiento respetuosamente”, la juez Jackson escribió: “Con profunda desilusión, disiento”.
Adam Liptak, Jonathan Swan, Zolan Kanno-Youngs, Annie Karni y Zach Montague colaboraron con la reportería.
Abbie VanSickle
cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.
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