Yucatán, MX, a 30 agosto del 2024.- El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ha decidido mantener la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, un proyecto prioritario del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La resolución, emitida el 29 de agosto de 2024, representa un revés para la continuación de esta obra que abarca 64 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum, con el objetivo de mejorar la conectividad en el sureste de México.
El juez consideró que las pruebas aportadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y otras entidades federales no fueron suficientes para asegurar que las obras no causarían daños irreversibles al ecosistema y a las cuevas subterráneas de la región. A pesar de las declaraciones del gobierno sobre la reversibilidad de los posibles daños ambientales, el fallo enfatiza la falta de condiciones adecuadas para levantar la medida cautelar, destacando la preocupación por proteger el medio ambiente frente al desarrollo económico.
Este caso, registrado bajo el expediente de amparo indirecto 1003/2022, fue presentado por habitantes del municipio de Solidaridad que se oponen a la construcción del tramo. La disputa ha generado un fuerte debate sobre cómo equilibrar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, polarizando la opinión pública y a diversos actores políticos en México.
A pesar de la suspensión, el presidente López Obrador ha reafirmado su intención de concluir el Tren Maya para principios de septiembre de 2024. En una reciente conferencia, el mandatario aseguró que ningún recurso judicial detendrá el avance del proyecto, el cual abarca 1,554 kilómetros, siete tramos, cinco estados, y 34 estaciones en 36 municipios.
Desde su inauguración en diciembre pasado, el Tren Maya ha transportado cerca de 300,000 personas. No obstante, la reciente resolución judicial añade complejidad a la ejecución del proyecto, que sigue siendo un tema de controversia y análisis público. La situación subraya la importancia de considerar la viabilidad del proyecto en un contexto de creciente activismo ambiental y demanda de mayor transparencia en la gestión de las obras públicas.
