21 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. La justicia salvadoreña ha emitido una de las sentencias más contundentes en su historia reciente contra la estructura criminal Mara Salvatrucha. Este domingo, la Fiscalía General informó sobre la aplicación de severas penas de cárcel que suman varios siglos para decenas de pandilleros. Entre los condenados destaca un individuo que recibió una sentencia superior a los mil años de encierro. Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, quien mantiene un régimen de excepción desde 2022 para combatir directamente a los grupos terroristas que operaban en el país.
En total, 248 integrantes de la mencionada pandilla recibieron castigos judiciales por delitos graves como homicidios, desapariciones y tráfico de drogas. La Fiscalía resaltó que estas sanciones de prisión son una respuesta a 43 asesinatos y 42 casos de personas desaparecidas documentados entre los años 2014 y 2022. La magnitud de las sentencias es variada, pero al menos diez sujetos más fueron condenados a pasar entre 463 y 958 años tras las rejas, enviando un mensaje de cero tolerancia ante los crímenes que afectaron a la sociedad salvadoreña durante casi una década.
Crímenes que marcaron a la provincia de La Libertad
Las investigaciones judiciales revelaron que los pandilleros utilizaban diversas zonas de la provincia de La Libertad como bases de operaciones para planificar sus ataques. Entre las víctimas mencionadas en el proceso se encuentran un estudiante universitario y una futbolista, cuyos casos generaron gran indignación pública. La aplicación de estas condenas penitenciarias busca resarcir de alguna manera el daño causado por las extorsiones sistemáticas a comerciantes y la invasión de viviendas, delitos que obligaron a muchos ciudadanos a cerrar sus negocios o abandonar sus hogares por temor a las amenazas de muerte.
El reporte oficial señala que el grupo criminal mantenía un control estricto sobre la jurisdicción, exigiendo dinero a cambio de no atentar contra la vida de los trabajadores locales. Con la imposición de estas largas estadías en centros penales, las autoridades aseguran haber desarticulado células fundamentales que alimentaban el tráfico de estupefacientes en la región. Aunque la estrategia ha reducido los homicidios a niveles mínimos nunca antes vistos, también ha generado debates sobre la legalidad de los juicios masivos y la transparencia en la recolección de pruebas contra los acusados.
El impacto regional y las críticas de derechos humanos
El modelo de seguridad de El Salvador ha comenzado a exportarse a otros países centroamericanos, como Costa Rica, donde el presidente Rodrigo Chaves busca imitar la construcción de megacárceles. Sin embargo, este endurecimiento de las penas de cárcel no está exento de críticas internacionales. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que, bajo el régimen de excepción, se han cometido abusos por parte de la policía y el ejército. Se estima que más de 90 mil personas han sido detenidas, y aunque 8 mil han sido liberadas por inocencia, grupos civiles exigen una revisión constitucional del sistema.
