25 DE MARZO DEL 2026 – INTERNACIONAL. Una jueza federal de los Estados Unidos emitió este martes un fallo histórico que obliga a la administración del presidente Donald Trump a facilitar el retorno de una joven protegida por el programa de Acción Diferida. La mujer, quien residía en Sacramento y mantenía su estatus activo desde el año 2013, fue expulsada hacia México en días pasados, un acto que la justicia ha calificado como una medida irregular. Según los reportes iniciales, la beneficiaria fue detenida de manera sorpresiva durante una audiencia migratoria y enviada fuera del país apenas veinticuatro horas después.
La jueza de distrito Dena Coggins fue contundente al describir la situación como una violación flagrante a las garantías que ofrece el plan de acción diferida. Al considerar que la expulsión ignoró las protecciones vigentes para quienes llegaron al país siendo menores de edad, la magistrada ordenó que las autoridades federales deben coordinar su regreso antes del 30 de marzo. Este caso ha encendido las alarmas entre las organizaciones civiles, ya que la afectada había vivido en suelo estadounidense por más de dos décadas antes de ser removida de su hogar.
El conflicto legal sobre las protecciones del programa para «dreamers»
El Departamento de Justicia intentó justificar la deportación argumentando que la mujer tenía una orden de expulsión previa y que el programa para «dreamers» no elimina el riesgo de salida, sino que simplemente lo pospone en el tiempo. Sin embargo, la jueza Coggins rechazó esta postura, recordando que la Suprema Corte de Justicia reconoció en el año 2020 que este mecanismo ofrece una protección efectiva y no queda a la total discreción del gobierno de turno. Para la corte, el hecho de que la joven acudiera de buena fe a una cita oficial para ser detenida representa una circunstancia extrema.
Este fallo judicial subraya que los beneficiarios del programa para «dreamers» no pueden ser expulsados arbitrariamente si cumplen con los requisitos de buena conducta y renovación de documentos. La resolución judicial enfatiza que acudir a las oficinas de migración para regularizar la situación no debería convertirse en una trampa para la deportación inmediata. Por ello, la orden de repatriación busca resarcir el daño causado a una persona que ha formado su vida, estudios y lazos sociales en los Estados Unidos bajo la promesa de una estancia legal temporal.
Impacto de la sentencia en el alivio migratorio para jóvenes
La decisión de la jueza Coggins establece un precedente importante para miles de personas que dependen de este alivio migratorio para jóvenes en todo el país. Al obligar al gobierno a traer de vuelta a una persona ya deportada, se envía un mensaje claro sobre los límites del poder ejecutivo en materia de migración. Las autoridades de Sacramento y diversos grupos de abogados han celebrado la medida, señalando que la seguridad jurídica es vital para quienes confían en los procesos oficiales del sistema estadounidense para mantenerse unidos a sus familias.
