1 SEPTIEMBRE 2025- INTERNACIONALES-En una acción judicial de emergencia, una jueza federal en Estados Unidos bloqueó temporalmente el intento del gobierno de Donald Trump de deportar a decenas de niños guatemaltecos no acompañados. La orden, emitida por la jueza Sparkle Sooknanan, responde a los reportes de que los menores ya estaban siendo subidos a aviones para ser enviados a Guatemala, un país donde sus abogados aseguran que corren un alto riesgo de sufrir abusos y persecución. Los niños, que llegaron solos a EE. UU., se encuentran bajo custodia del gobierno mientras sus solicitudes de inmigración están en proceso.
La controversia escaló cuando grupos defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaron una orden de emergencia, alertando sobre la inminente deportación de hasta 600 niños guatemaltecos. La jueza Sooknanan respondió emitiendo una orden de restricción temporal inicial para un grupo de 10 menores, la cual expandió horas después para proteger a todos los niños no acompañados en riesgo. La medida, con una vigencia de 14 días, busca detener un proceso que, según los defensores, violaría leyes federales diseñadas para proteger a los menores que llegan solos al país.
Argumentos del gobierno y denuncias de los grupos de defensa
Los abogados del Departamento de Justicia de EE. UU. argumentaron que los vuelos no eran deportaciones, sino «reunificaciones familiares» solicitadas tanto por el gobierno guatemalteco como por los propios familiares de los niños. El subprocurador adjunto Drew Ensign aseguró a la jueza que, a pesar de los rumores, los aviones no habían despegado. Sin embargo, los grupos de defensa denunciaron que esta versión no era cierta en todos los casos, argumentando que se estaba intentando enviar a los menores de regreso a un país donde enfrentarían un peligro inminente.
En documentos judiciales, los abogados de los menores señalaron que esta medida violaba leyes de protección infantil y que algunos de los niños tenían casos pendientes ante jueces de inmigración. La situación generó la indignación de organizaciones como el National Immigration Law Center, cuyo representante Efrén C. Olivares declaró que el gobierno de Trump «arrancó a niños vulnerables y asustados de sus camas e intentó enviarlos de regreso al peligro en Guatemala». Esta postura resalta la crueldad percibida en el proceso y la falta de consideración por la seguridad de los menores.
Esta situación pone de manifiesto el constante enfrentamiento entre las políticas migratorias de la administración Trump y las protecciones legales existentes para los menores no acompañados. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha adoptado iniciativas cada vez más agresivas para expulsar a migrantes indocumentados, una de sus promesas de campaña. La decisión de la Corte Suprema en junio de reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países, sin que puedan argumentar los riesgos, sentó un precedente que el gobierno de Trump ha aprovechado para intensificar sus acciones.
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