13 DE FEBRERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. Un juez federal de los Estados Unidos ha emitido una orden contundente para que un grupo de 137 hombres originarios de Venezuela, que fueron enviados a El Salvador en marzo de 2025, regresen a territorio estadounidense. El magistrado James Boasberg determinó que estas personas no recibieron un trato justo durante su proceso de expulsión, lo que invalida la medida tomada por la administración actual. Esta decisión busca corregir lo que se considera una falta grave a los derechos legales básicos que cualquier persona debería tener al enfrentar un proceso de este tipo en el país.
La resolución judicial especifica que el gobierno debe facilitar el regreso de estos ciudadanos, ya sea permitiéndoles viajar de forma independiente o mediante vuelos organizados hacia un puerto de entrada oficial. Una vez que los venezolanos deportados pisen nuevamente suelo estadounidense, quedarán bajo la custodia de las autoridades migratorias para que sus expedientes sean revisados de manera adecuada. El objetivo es garantizar que cada uno de ellos tenga la oportunidad de presentar sus argumentos legales frente a un tribunal competente y evitar que se repitan errores administrativos.
Violación al debido proceso constitucional
El juez Boasberg fue muy claro al señalar que el gobierno privó a estos migrantes de su derecho a ser notificados correctamente y de la posibilidad de apelar su salida del país. Según el tribunal, estos son derechos esenciales protegidos por la Constitución que no pueden ignorarse, sin importar la situación migratoria de los individuos. El magistrado rechazó los argumentos del Departamento de Justicia, que intentaba evitar el retorno de estos migrantes venezolanos deportados, asegurando que las reglas deben aplicarse por igual para todos los que busquen justicia.
A pesar de que algunos de los afectados se encuentran actualmente en Venezuela tras haber sido parte de un intercambio de prisioneros, el juez insistió en que sus derechos legales siguen vigentes. El hecho de haber sido trasladados fuera de las fronteras de Estados Unidos no borra su derecho a presentar un recurso de hábeas corpus. Esta orden judicial recalca que el sistema legal debe permitir que los ciudadanos de Venezuela deportados desafíen las decisiones que los afectaron, incluso si ya no están físicamente en el país al momento de la demanda.
Situación actual y deseos de los afectados
Durante las audiencias, se mencionó que todavía existe incertidumbre sobre el paradero exacto de todos los integrantes del grupo original de 137 personas. Los abogados que representan a los demandantes admitieron que no tienen el número exacto de cuántos permanecen en su país de origen o cuántos están decididos a seguir adelante con la batalla legal. Sin embargo, confirmaron que hay varios hombres que desean retomar sus procesos para buscar una solución definitiva a su estatus migratorio en los Estados Unidos.
Esta orden representa un desafío logístico y político importante para la administración de Donald Trump, que ha mantenido una postura estricta en materia de fronteras. El caso pone de relieve la tensión entre las políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes judiciales internas. Ahora, el gobierno deberá coordinar las acciones necesarias para traer de vuelta a estos venezolanos expulsados de EU, asegurando que el procedimiento cumpla con los estándares de humanidad y legalidad exigidos por la corte federal.
El «Acuerdo de Tercer País Seguro» con El Salvador
