2 de Agosto del 2025.- Un juez federal en California decidió extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60.000 personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal, quienes estaban a punto de perder esta protección que les permite trabajar y evitar la deportación en Estados Unidos. Esta medida ofrece un respiro a miles de familias que han vivido durante décadas bajo esta figura migratoria, aunque el futuro del programa sigue en incertidumbre.
Protecciones en riesgo de desaparecer
Las protecciones para unas 7.000 personas de Nepal debían finalizar el 5 de agosto, mientras que las otorgadas a 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses tenían fecha de vencimiento el 8 de septiembre. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los países habían mostrado “progresos significativos” tras el huracán Mitch de 1998, argumento usado para justificar la eliminación del TPS. Sin embargo, los defensores de los inmigrantes cuestionan si estas evaluaciones reflejan realmente las condiciones actuales en estas naciones.
Acusaciones de motivación política
El caso no solo tiene un trasfondo humanitario, sino también político. Abogados de la Alianza Nacional TPS acusaron a la administración de haber tomado estas decisiones sin un análisis real de las condiciones en los países, sino como parte de promesas de campaña del expresidente Donald Trump. Incluso señalan que el tiempo otorgado para que los beneficiarios abandonen el país fue inusualmente corto: “Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, expresó el abogado Ahilan Arulanantham durante una audiencia reciente.
El Gobierno, por su parte, defendió su decisión asegurando que la secretaria Noem tiene autoridad legal clara sobre el TPS y que su decisión responde a los objetivos de la administración en materia migratoria y de política exterior. “No está destinado a ser permanente”, afirmó el abogado del Departamento de Justicia William Weiland, reforzando el argumento de que el TPS fue diseñado como una solución temporal y no como un estatus permanente de residencia.
Más allá de las disputas legales, este fallo ofrece un respiro a miles de familias que temían una deportación inminente. La extensión permitirá que continúen trabajando y residiendo en el país mientras se resuelven las apelaciones y demandas que están en curso. No obstante, organizaciones de derechos humanos advierten que estas personas aún viven en una situación frágil, dependiendo de decisiones políticas que pueden cambiar en cualquier momento.
