18 de marzo 2025- En un giro inesperado, un juez federal de Estados Unidos ha prohibido al gobierno del presidente Donald Trump hacer uso de una antigua ley de más de dos siglos de antigüedad, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para proceder con deportaciones masivas. Esta ley, que solo se ha utilizado tres veces en la historia del país, fue invocada por Trump para realizar deportaciones en masa, incluyendo a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a quienes el mandatario acusó de invadir el país. El fallo llega en medio de una creciente tensión sobre la seguridad nacional y la inmigración ilegal.
La Ley de Enemigos Extranjeros y su Historia
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, ha sido utilizada en momentos de gran conflicto bélico. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta ley fue empleada para arrestar y encarcelar a ciudadanos japoneses, italianos y alemanes, en lo que muchos consideran una violación de los derechos civiles. El presidente Trump, en un esfuerzo por justificar el uso de esta ley, alegó que el Tren de Aragua y sus miembros representaban una amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos, afirmando que la banda criminal estaba «en guerra» con el país.
El juez federal James E. Boasberg, quien lideró la corte del Distrito de Columbia, emitió una orden inmediata para detener las deportaciones, al argumentar que la aplicación de la ley podría ser ilegal. “No creo que pueda esperar más”, dijo Boasberg durante la audiencia, destacando que el gobierno ya había comenzado a trasladar a migrantes, entre ellos varios salvadoreños y hondureños, bajo esta nueva medida.
El Impacto del Fallo en las Deportaciones
El fallo del juez Boasberg impide que el gobierno de Trump continúe con las deportaciones de migrantes que se encontraban bajo custodia y que habían sido identificados como deportables según la proclamación presidencial. El magistrado ordenó que cualquier avión en ruta para deportar a los migrantes fuera regresado a su punto de origen. Este revés legal se produce en un momento clave, cuando el gobierno federal está intensificando sus esfuerzos para enfrentar lo que Trump considera una invasión del país por parte de organizaciones criminales internacionales.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda en nombre de los migrantes afectados, celebró el fallo como un triunfo para los derechos humanos, argumentando que el uso de una ley tan antigua y controversial no era apropiado para situaciones actuales, como la lucha contra el crimen organizado. La decisión judicial también se dio en el contexto de un creciente debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump.
La Respuesta del Gobierno y la Proclamación de Trump
Horas antes de la decisión judicial, Donald Trump había emitido una declaración en la que afirmaba que la pandilla Tren de Aragua estaba llevando a cabo una «incursión depredadora» contra Estados Unidos, algo que justificaba como una acción de guerra. Trump indicó que los países como Venezuela, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, habían permitido que el Tren de Aragua ganara terreno y operara libremente en territorios venezolanos. Esta declaración no solo fue vista como un intento de incrementar la presión sobre las autoridades de seguridad, sino también como un paso hacia la implementación de medidas más drásticas contra los inmigrantes y las organizaciones criminales.
En su proclamación, Trump aseguró que la banda venezolana representaba una amenaza «sustancial» para la seguridad nacional, alegando que sus actividades en los Estados Unidos afectaban negativamente a la comunidad. Sin embargo, la afirmación fue recibida con escepticismo por expertos en seguridad y migración, quienes cuestionaron la justificación de una acción tan extrema como la deportación masiva bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Acuerdos Internacionales para Combatir al Tren de Aragua
El gobierno de Trump también ha estado trabajando con otros países de América Central, como El Salvador, para enfrentar la presencia del Tren de Aragua. Según informes, Washington estaría dispuesto a pagar hasta 6 millones de dólares a El Salvador para encarcelar a miembros de la pandilla en su territorio. Esta estrategia de «exportar» el problema de las pandillas se ha convertido en parte de la política exterior de Trump en cuanto a migración y seguridad. Sin embargo, la viabilidad de estos acuerdos y la efectividad en la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un tema de debate.
Además, la administración Trump ha señalado que planea enviar más recursos para combatir el crimen organizado en América Latina. Esto incluye planes de financiamiento para el encarcelamiento de miembros del Tren de Aragua en países como El Salvador, aunque la medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que señalan los riesgos de violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos.
Nuevas Restricciones de Visados para Ciudadanos de 43 Países
En un desarrollo paralelo, la administración Trump también está evaluando nuevas restricciones de visado que afectarían a los ciudadanos de hasta 43 países, incluidos aquellos en el listado rojo como Afganistán, Venezuela, Siria y Corea del Norte. Este movimiento se enmarca dentro de las políticas migratorias que buscan frenar la entrada de personas que representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
La nueva propuesta de restricción de visados incluiría tres niveles de severidad: una lista roja, con restricciones totales para ciertos países; una lista naranja, con restricciones severas; y una lista amarilla, que incluiría países que tendrán un plazo para mejorar las condiciones migratorias. Estas medidas continúan siendo un tema controversial en el debate político interno de los Estados Unidos, mientras algunos defienden el control más estricto de las fronteras, y otros consideran que violan principios fundamentales de acogida y derechos humanos.
