CIUDAD DE MÉXICO.— Mil 100 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron hoy la urgente intervención de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que frenen lo que llaman un “golpe de estado en México“.
Solicitaron que la Comisión Interamericana solicite al Estado Mexicano toda la documentación con datos, no con palabras, que sustente la reforma judicial en curso, que está perversamente enmascarada bajo un discurso democratizador, pero en la realidad percibe la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma.
En conferencia de prensa virtual, cuatro representantes del Poder Judicial de la Federación leyeron el escrito que presentaron ante la CIDH en su sede en Washington D.C., Estados Unidos, documento que advierte las graves consecuencias de esta reforma que impulsa el gobierno federal en el poder (Morena, PT y PVEM) y piden a México que aplique el Artículo 41 y evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial en curso,
para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante esa comisión, entre el propio estado mexicano y quienes ahora son defensores de la constitución nacional y que firman esta petición.
También pidieron a la CIDH que debido a la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial, México sea incluido en el capítulo de su informe anual ante la Asamblea General de la OEA donde ya están Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, con el propósito de someter a México a un mayor escrutiño permanente sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La conferencia de prensa virtual comenzó con la solicitud que hicieron 1,100 jueces y magistrados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que de manera urgente ejerza sus atribuciones derivadas del Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar la llamada reforma judicial en México.
Dijeron que con la firma de cada uno de los jueces y magistrados plasmaron en el escrito que cumplen su deber de advertir en función de garantes nacionales de derechos humanos de todos los mexicanos, que esta reforma judicial apunta a un golpe de estado, paradójica y perversamente enmascarado bajo un discurso democratizador, pero en la realidad percibe la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma y limita el poder democrático.
“Con absoluta responsabilidad y valentía los que firmamos hacemos ver a esta Comisión que en este momento ya se ha dado el primer paso. Los diálogos simulados e inútiles que dieron lugar a un dictamen agendado para discutirse en la Cámara de Diputados, incluso exacerba la intentona golpista y deja todavía más en claro que no hay ninguna, en absoluto ninguna preocupación por mejorar la justicia en México, no les interesa el derecho de
las personas, solo quieren concentrar todo el poder”, denunciaron.
“Estamos en la víspera del siguiente paso para deshacerse de quienes en nuestro actuar independiente, sustentado en nuestra capacidad técnica producto de la carrera judicial y alejado de los intereses ajenos a cada caso, especialmente políticos”, destacaron. “Hemos sido freno a sus abusos de poder. Pretenden designar a jueces de control constitucionales por elección popular mediante un mecanismo tan arbitrario como aleatorio que les garanticen sumisión. No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren a personas que simulen que son jueces, y que avalen todas las sanciones de los gobernantes en turno. Pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas”.
Expusieron que esta petición que hacen a la Comisión Interamericana se sustenta en los estándares internacionales porque el cese masivo de personas juzgadoras es un acto ilícito internacional por ser un claro atentado contra múltiples derechos humanos y muy especialmente el acceso a la justicia, protección judicial y las garantías judiciales.
Recordaron que esa misma comisión ya ha establecido en diversos precedentes que estos ceses son claramente violatorias de los derechos humanos, no solo de los juzgadores, sino de todos las personas que necesita justicia.
“Queremos llamar la atención de esa Comisión porque el partido en el poder (Morena) pretende establecer un tribunal de disciplina judicial que puede castigar y remover a jueces incómodos para el régimen, incentiva favores políticos en lugar de imparcialidad judicial, que regirá para jueces que no tienen garantías de independencia para resistir presiones y que no estarán sujetos a ningún control, por ejemplo, el juicio de amparo”, expusieron.
“En concreto advertimos que estamos ante un instrumento que reúne todo lo que no se debe de hacer en un estado de derecho, porque al anular a los jueces dejan desamparadas a las personas frente a las autoridades. Esta grave situación es la que nos lleva a solicitar a la Comisión Interamericana, entre otras, las siguientes acciones encaminadas a detener este golpe de estado.
1) Que esta Comisión solicite al estado mexicano le remita toda la información que soporte el proceso de reforma judicial en curso, especialmente de los datos en que se sustenta la apreciación de que el cese masivo de todos los jueces y su relevo por jueces electos popularmente, es la solución a nuestros problemas de justicia que enfrentamos, datos no
palabras.
2) Que debido a la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial, México sea incluido en su capítulo de su informe anual ante la asamblea general de la OEA donde ya están Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, con el propósito de someter a México a un mayor escrutiño permanente sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
3) Que esta Comisión realice una observación presencial en México, aquí y ahora, a fin de conocer la situación, recibir información de diversos actores y escuchar testimonios de quienes suscribimos esta solicitud, pero sobre todo de la sociedad en general.
4) Elaborar un informe sobre la situación por la que atraviesa México en materia de democracia e independencia judicial, instalar un mecanismo especial de seguimiento sobre la materia.
5) Solicitar al estado mexicano que atienda 20 preguntas que aquí formulamos, relacionadas con los fundamentos, causas y consecuencias en materia de derechos humanos de la reforma judicial. En esencia, que demuestren que se trata de una necesidad y no de un capricho.
6) Solicitar al estado mexicano que en aplicación del Artículo 41 evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante esa comisión entre el propio estado mexicano y quienes ahora como defensores de la constitución nacional firmamos esta petición.
