8 DE MAYO 2025- Durante laconferencia matutina, el Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, denunció públicamente a diversos jueces del país por presuntamente favorecer a delincuentes. Calificó estas decisiones como “inaceptables” y alertó que se han registrado 193 fallos judiciales que han permitido traslados, liberaciones y egresos definitivos a favor de presuntos criminales. Según el funcionario, esta situación representa una amenaza directa a la seguridad pública.
Harfuch detalló que de esas determinaciones, 164 fueron cambios de medida cautelar y otras dos resultaron en egresos definitivos, lo que equivale a más de 100 personas que salieron de prisión y regresaron a las calles. Estas acciones se dieron a pesar de que el área de Prevención y Reinserción Social consideró que no cumplían con los criterios para ser beneficiados. Entre los delitos que enfrentaban están secuestro, homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Casos polémicos aumentan tensión en el sistema judicial mexicano
El secretario también reveló que hubo 27 traslados a otros penales sin cumplir con los procedimientos legales, situación que vulnera la integridad del sistema judicial. Resaltó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces. Asimismo, mencionó al juez Gregorio Salazar Hernández, quien presuntamente benefició a miembros del Cartel del Pacífico y del Cartel del Golfo.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante estas acusaciones señalando que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral serán las autoridades que decidan el futuro de los candidatos judiciales cuestionados. Aunque dijo que muchas denuncias provienen de redes sociales, reconoció la necesidad de investigar a fondo, en especial frente a los posibles vínculos con el narcotráfico.
El debate se intensifica al acercarse la primera elección popular del Poder Judicial en México, donde se elegirán más de 880 cargos entre más de 3 mil candidatos. Este proceso ha sido señalado por organizaciones internacionales, jueces y asociaciones civiles, quienes advierten de una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.
La agrupación civil Defensorxs documentó que al menos 13 aspirantes tienen nexos con el crimen organizado, delitos sexuales y grupos extremistas. Entre los nombres que resaltan está Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán. Estos hallazgos, sumados a las acusaciones de Harfuch, elevan la preocupación pública sobre la legitimidad de las próximas elecciones judiciales.
