En la provincia de Ontario, Canadá, cientos de jornaleros agrícolas mexicanos relatan condiciones laborales severas que contrastan con las promesas de empleos temporales dignos. En poblados como Leamington, los relojes en los invernaderos funcionan como relojes de presión: trabajadores reciben gritos, humillaciones y amenazas de ser enviados a casa sin pago si “rinden poco”.
La mayoría de quienes participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET) provienen de comunidades mexicanas que confían en estos esquemas para sostener sus familias, pagar tratamientos médicos, ahorrar para una vivienda o estudiar. Sin embargo, describen jornadas extenuantes, vivienda hacinada y falta de habilitación adecuada ante plaguicidas.
Las quejas incluyen vivir en casas compartidas por hasta 25 personas, habitaciones con mobiliario mínimo, presencia de cucarachas o ratas, y ser trasladados bajo presión entre invernaderos. “Nos tratan como animales”, asegura uno de los trabajadores entrevistados. Ante accidentes laborales —como pérdida de dedos o músculos magullados— denuncia que algunos empleadores no cubren atención médica ni indemnización, y en ocasiones repatrían al trabajador sin paga.
El problema se agrava en el marco de la revisión de los acuerdos México‑Canadá. Desde 1974, el PTAT ha permitido que más de medio millón de mexicanos trabajen temporalmente en Canadá, y desde 2015, el PTET ha sumado decenas de miles. Pero los trabajadores afirman que la ventaja de la movilidad laboral se ve opacada por la falta de mecanismos binacionales efectivos para supervisar y sancionar abusos: “Queremos ser parte”, demanda un representante sindical.
