6 NOVIMBRE 2025-NACIONAL-El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó formalmente acceder al beneficio de libertad anticipada, luego de haber cumplido casi ocho años de prisión. Será el próximo 12 de noviembre cuando una jueza determine si procede la petición presentada por su defensa, que argumenta que el exmandatario ya ha cumplido con el 95% de su condena de nueve años, además de mantener buena conducta y participar en programas de reinserción social.
La jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, confirmó que Duarte presentó la solicitud desde diciembre de 2024. En su argumento, la defensa sostiene que el exgobernador ha cumplido con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos el tiempo mínimo en prisión y el pago de la multa impuesta.
El abogado Carlos Campuzano recordó que su cliente se entregó de manera voluntaria en 2018 y accedió a un procedimiento abreviado solicitado por la propia Fiscalía, reconociendo su responsabilidad en los hechos por los que fue condenado. “El Estado mexicano se comprometió con un procedimiento transparente y justo; hoy sólo pedimos que cumpla con su palabra”, declaró el litigante.
Postura de la Fiscalía y antecedentes del caso
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha opuesto a la solicitud. El fiscal Manuel Granados Quiroz argumentó que aún existen decomisos pendientes y que el exgobernador “no ha pagado totalmente por los daños cometidos contra el erario público”. Además, recordó que Duarte encabezó una administración señalada por presuntos actos de corrupción, desvíos millonarios y el uso de empresas fantasma durante su gestión en Veracruz.
Javier Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México, donde posteriormente fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. La sentencia también incluyó el decomiso de 40 propiedades y una multa superior a los 3 mil dólares. Tras ser expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos sobre corrupción política en el país.
En su defensa, Duarte ha insistido en que ha colaborado con las autoridades y que no mantiene procesos judiciales abiertos en el fuero común ni en el federal. También ha participado activamente en actividades de reinserción social dentro del reclusorio, lo que, según su equipo legal, refuerza su solicitud de libertad anticipada.
Debate sobre justicia y reinserción social
El caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la justicia penal y la reinserción social de los funcionarios condenados por delitos relacionados con la corrupción. La ley contempla la libertad anticipada como un derecho aplicable a quienes demuestren haber cumplido los criterios de readaptación, sin embargo, advierten que la decisión no debe interpretarse como impunidad.
De concederse la solicitud, Duarte podría abandonar el Reclusorio Norte en los próximos días, aunque seguiría bajo observación judicial durante el tiempo restante de su condena. Si la jueza rechaza el beneficio, la defensa podría apelar ante una instancia superior, lo que extendería el proceso algunos meses más.
