31 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-El Senado de Italia aprobó una de las reformas más polémicas del gobierno de Giorgia Meloni: la separación de las carreras entre jueces y fiscales. Con 112 votos a favor, 59 en contra y 9 abstenciones, el proyecto fue calificado por el Ejecutivo como un paso hacia un sistema más moderno y eficiente, pero los críticos alertan que podría poner en riesgo la independencia de los tribunales. La medida, sin embargo, aún debe superar un referendo en la primavera de 2026 antes de entrar en vigor.
Meloni celebró la votación como un triunfo histórico. Aseguró que la reforma judicial permitirá reducir los tiempos de los procesos civiles y comerciales, que hoy pueden tardar hasta 1.000 días en resolverse, situando a Italia entre los sistemas más lentos de Europa. La primera ministra destacó que la iniciativa cumple una de sus principales promesas electorales y subrayó que busca acercar la justicia a los ciudadanos.
El proyecto recibió el respaldo de los partidos que integran la coalición de gobierno —Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia—, mientras que la oposición, encabezada por el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas, lo calificó como un intento de someter a la magistratura al poder político. Elly Schlein, líder del Partido Democrático, advirtió que la medida no mejorará el sistema judicial, sino que concentrará el poder en manos del Ejecutivo.
Los analistas señalan que el referendo de 2026 será decisivo para el futuro político de Meloni. Si la consulta es favorable, podría consolidar su liderazgo como la primera ministra que logró transformar la estructura judicial italiana. Sin embargo, un resultado negativo podría debilitar gravemente su posición, tal como ocurrió en 2016 con el ex primer ministro Matteo Renzi, quien renunció tras perder un referendo constitucional.
Entre las innovaciones más destacadas, la reforma judicial establece la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura: uno para jueces y otro para fiscales, con parte de sus miembros elegidos por sorteo. Según el gobierno, este mecanismo busca reducir el corporativismo interno y garantizar una mayor imparcialidad en las decisiones. Para los defensores del cambio, la separación de funciones fortalecerá la transparencia y evitará posibles conflictos de interés.
No obstante, las asociaciones de magistrados han reaccionado con preocupación. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) anunció manifestaciones y posibles huelgas para defender la independencia judicial. En un comunicado, advirtieron que el nuevo modelo podría “romper el equilibrio institucional” y acercar peligrosamente el trabajo de los fiscales al poder político. Esta tensión se suma a los recientes enfrentamientos entre el Ejecutivo y los tribunales, como el ocurrido con el Tribunal de Cuentas, que frenó un megaproyecto impulsado por el gobierno.
