El Gobierno de Israel ha dado un paso decisivo al proponer la creación de un tribunal especial para juzgar a los palestinos acusados de haber participado en los ataques del 7 de octubre, contemplando incluso la pena de muerte para los responsables. La iniciativa, presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, busca establecer un sistema judicial específico para atender los casos derivados de ese día, considerado uno de los más violentos en la historia reciente del país.
La propuesta fue presentada este jueves ante el Parlamento israelí y marca una de las medidas más contundentes impulsadas por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu tras los hechos ocurridos hace un año. Levin argumentó que esta nueva estructura judicial permitirá “asegurar un proceso rápido, transparente y ejemplar” para garantizar que quienes participaron en las agresiones reciban una sanción proporcional a la gravedad de sus actos.
Creación de un tribunal especial
El proyecto contempla la conformación de un tribunal especial integrado por quince jueces, quienes serían seleccionados mediante una evaluación conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores. Este organismo se encargaría de juzgar a los palestinos detenidos entre el 7 y el 14 de octubre de 2023, la mayoría acusados de pertenecer al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según reportes de medios locales como The Times of Israel.
De aprobarse, el tribunal podría solicitar la aplicación de la pena capital, aunque esta medida deberá ser previamente ratificada por el primer ministro en coordinación con altos mandos de seguridad. Se trata de una decisión inusual dentro del sistema judicial israelí, donde la pena de muerte se ha aplicado solo en casos excepcionales, como el del criminal nazi Adolf Eichmann en 1962.
El ministro Levin ha defendido que esta iniciativa responde a un clamor social por justicia tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron centenares de víctimas civiles. “El Estado tiene la obligación de responder con firmeza a quienes cometieron atrocidades contra ciudadanos inocentes”, declaró durante su intervención ante la Knéset. La propuesta, sin embargo, ha generado debate tanto dentro como fuera de Israel.
Diversos juristas y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la posibilidad de aplicar la pena de muerte en un contexto de conflicto, argumentando que podría vulnerar los principios del derecho internacional. También advierten sobre el riesgo de juicios sumarios o condenas sin las garantías procesales adecuadas, especialmente si los acusados son juzgados bajo leyes especiales.
Posición del gobierno de Netanyahu
El Ejecutivo israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, ha mantenido una postura firme en torno a la respuesta legal a los hechos del 7 de octubre. Según fuentes cercanas al gobierno, el proyecto de tribunal especial forma parte de un paquete más amplio de reformas orientadas a reforzar el sistema judicial frente a delitos relacionados con terrorismo y seguridad nacional. Netanyahu ha insistido en que “la justicia debe prevalecer sobre la barbarie”.
Mientras tanto, los debates en la Knéset continúan, con sectores de la oposición que advierten que la medida podría ser utilizada con fines políticos o como una forma de endurecer la narrativa del gobierno ante la opinión pública. Algunos diputados han pedido que se evalúe cuidadosamente cada caso para evitar condenas injustas o desproporcionadas.
En Israel, la aplicación de la pena capital es sumamente limitada. La ley israelí solo la permite en casos de crímenes de guerra, genocidio o traición, y siempre bajo estrictas condiciones judiciales. La nueva propuesta representaría, por tanto, una ampliación significativa de su alcance, lo que implicaría también una modificación legislativa profunda en el sistema penal del país.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya han pedido al gobierno israelí que garantice que cualquier proceso judicial respete los estándares internacionales de derechos humanos. Consideran que la introducción de la pena de muerte puede debilitar la imagen de Israel como una democracia con instituciones sólidas y respeto al debido proceso.
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