El Parlamento de Israel dio un paso histórico y altamente controvertido al aprobar una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinato en actos considerados terroristas. La medida marca un giro radical en la política penal del país, donde esta sanción prácticamente no se aplicaba desde hace décadas.
La legislación fue impulsada por sectores de extrema derecha y respaldada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Con 62 votos a favor y 48 en contra, la norma fue aprobada en la Knéset, en medio de un intenso debate político y fuertes divisiones internas.
Uno de los aspectos más polémicos es que, según organizaciones de derechos humanos, la ley se aplicará principalmente a palestinos en Cisjordania, quienes son juzgados por tribunales militares. En contraste, los ciudadanos israelíes son procesados en tribunales civiles, donde la pena capital no es obligatoria, lo que ha desatado acusaciones de discriminación.
La normativa establece que la ejecución deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia, mediante ahorcamiento, y elimina la posibilidad de indulto o clemencia en muchos casos. Además, no se requerirá unanimidad judicial, lo que ha encendido alarmas entre expertos legales y organismos internacionales.
La reacción internacional no se hizo esperar. Diversos países europeos, así como organismos como la ONU, han condenado la medida al considerarla contraria al derecho internacional y a los principios de derechos humanos. También advierten que podría agravar aún más las tensiones en la región.
