27 DE JUNIO-Después del reciente conflicto entre #Irán e #Israel, el gobierno iraní ha lanzado una intensa campaña de represión interna, arrestando a más de 700 personas acusadas de colaborar con espías israelíes. Según medios estatales y fuentes oficiales, estas detenciones están relacionadas con supuestas infiltraciones en los servicios de seguridad iraníes por parte de agentes del Mossad. Durante los 12 días de guerra, al menos seis personas fueron ejecutadas por cargos de espionaje.
Las autoridades iraníes han atribuido varios asesinatos selectivos de altos mandos militares y científicos a esta supuesta red de espionaje extranjera. En respuesta, dicen estar tomando medidas extremas por el bien de la seguridad nacional. Sin embargo, defensores de derechos humanos alertan que muchas de estas acciones podrían tener fines políticos, especialmente para silenciar voces críticas dentro y fuera del país.
Además de los arrestos masivos, Irán ha dirigido su ofensiva contra periodistas que laboran para medios en el extranjero, como BBC Persa e Iran International. Se han reportado amenazas, detenciones de familiares y hasta presiones directas para obligarlos a renunciar a sus trabajos. A varios se les ha acusado de “enemistad contra Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte.
También se ha intensificado la censura digital. Durante y después del conflicto, el acceso a internet ha sido severamente restringido, y redes sociales como Instagram, Telegram y X siguen bloqueadas. Ciudadanos han recibido advertencias por estar en contacto con páginas vinculadas a Israel, lo cual, según el gobierno, podría llevarlos a juicio.
Los arrestos no se han limitado a los acusados de espionaje. Escritores, artistas y familiares de víctimas de las protestas de 2022 también han sido detenidos, lo que ha hecho temer que Irán esté retomando viejas prácticas represivas como las vistas en los años ochenta. Analistas creen que esta oleada represiva busca consolidar el control interno ante un panorama internacional debilitado.
Organismos de derechos humanos han trazado paralelismos con las llamadas “comisiones de la muerte” de 1988, cuando miles de presos políticos fueron ejecutados en secreto. Hoy, el temor a nuevas ejecuciones masivas resuena con fuerza en una población cada vez más vigilada, más controlada y más silenciada por su propio gobierno.
