CANCÚN, MX. – La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que mantiene activa una investigación judicial de gran alcance contra varios funcionarios públicos y particulares presuntamente relacionados con una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de dinero. La organización, con operaciones identificadas en Cancún, es presuntamente liderada por el empresario Vikrant Bhardwaj y su compañía Bhardwaj Human Smuggling Organization, una estructura recientemente señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta investigación judicial, que incluye otros delitos, subraya la seriedad de la amenaza que representa la delincuencia organizada transfronteriza en la región.
Indagatorias Abiertas por Más de un Año: La Reserva del Caso
El fiscal general, Raciel López Salazar, informó que las indagatorias se iniciaron hace más de un año y forman parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades mexicanas y diversas agencias internacionales. López Salazar destacó que la reserva del caso fue una medida fundamental para asegurar el éxito de las acciones judiciales y no entorpecer la investigación. «Teníamos identificadas rutas, movimientos financieros y domicilios utilizados como casas de resguardo», detalló el funcionario, señalando que el sigilo era vital para poder desmantelar las operaciones clandestinas de tráfico de migrantes sin alertar a los responsables.
El Fiscal General precisó que los hallazgos de la FGE coinciden plenamente con los documentos divulgados la semana pasada por el Departamento del Tesoro estadounidense, los cuales exponen que la organización de Bhardwaj operaba desde Quintana Roo. Su función era crucial para facilitar el traslado de migrantes hacia el norte del país, con la meta de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Según los informes internacionales, cada persona habría pagado una cifra considerable, entre 5 mil y 15 mil dólares, dependiendo de su nacionalidad, para asegurar el cruce fronterizo, lo que dimensiona el lucrativo negocio del tráfico de migrantes.
🚨 Servidores Públicos en la Mira y Ramificaciones Locales
El fiscal López Salazar confirmó que, tras cotejar la información con agencias federales e internacionales, se identificaron ramificaciones financieras y colaboradores locales de la red en Cancún. La parte más delicada de la investigación se centra en la posible participación de servidores públicos, quienes, de ser confirmada su colaboración, habrían abusado de su puesto para facilitar las operaciones delictivas. «Hay nombres en la mira y no habrá excepciones. Toda persona implicada enfrentará las consecuencias legales», aseguró el funcionario, indicando que estos funcionarios serán llamados a declarar en los próximos días.
La FGE enfatizó que la investigación es de amplio espectro y que las pesquisas no se limitan únicamente al tráfico de migrantes. También se están investigando delitos graves como operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y colaboración institucional indebida, lo que podría derivar en la emisión de nuevas órdenes de aprehensión. Autoridades federales trabajan en colaboración estrecha con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar y congelar propiedades, vehículos y cuentas bancarias asociadas a la red delictiva.
La designación de la red de Bhardwaj por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky Global no solo implica el congelamiento de sus activos y la prohibición de transacciones en ese país, sino que tiene un efecto disuasorio significativo sobre los funcionarios mexicanos posiblemente involucrados. La inclusión en esta lista sancionatoria internacional expone públicamente a los colaboradores y restringe severamente sus movimientos financieros globales. Esto añade una presión internacional tangible a la investigación de la FGE, asegurando que cualquier servidor público vinculado al tráfico de migrantes y a la corrupción enfrentará no solo la justicia mexicana, sino también un veto financiero global, lo que aumenta la probabilidad de que las autoridades locales procedan con toda la fuerza de la ley.
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