11 de Julio del 2025.- Un grupo de alrededor de 100 adultos mayores denunció una estafa presuntamente cometida por Alejandra Karina Pichardo Montes, titular de Atención a Migrantes del gobierno de San José Iturbide, Guanajuato. Según los testimonios, la funcionaria habría recibido un millón de pesos a cambio de gestionar visas dentro del programa Mineros de Plata, que es totalmente gratuito y dirigido por la Secretaría de Derechos Humanos del estado.
Durante una protesta frente a la presidencia municipal, los afectados señalaron que entregaron montos que iban de los 10 mil a los 20 mil pesos para participar en el programa. El objetivo era reunirse con sus hijos que radican en Estados Unidos. Sin embargo, descubrieron que el municipio nunca estuvo autorizado para operar el programa, ya que no fue seleccionado en la convocatoria oficial estatal.
El alcalde de San José Iturbide, Edgar Montes de la Vega, informó que ya se presentaron al menos 83 denuncias ante la Contraloría Municipal. Aseguró que si se determina alguna responsabilidad penal, civil o administrativa, se aplicará la ley sin excepciones. “No vamos a proteger a nadie que haya dañado el patrimonio de nuestros ciudadanos”, declaró el edil.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos del estado fue enfática al señalar que el municipio no fue parte oficial del programa “Mineros de Plata”, ya que no cumplió con los requisitos establecidos. Enfatizó que cualquier gestión hecha por el gobierno local o su personal en relación al programa carece de validez y no está relacionada con la dependencia estatal.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a esquemas de corrupción local y la falta de controles adecuados sobre funcionarios municipales. Además, evidencia una debilidad en los mecanismos de comunicación institucional entre los gobiernos estatal y municipal, lo que genera un vacío que puede ser aprovechado por malos servidores públicos. Especialistas en temas migratorios han señalado la necesidad urgente de establecer protocolos verificables y accesibles para que los beneficiarios de programas sociales puedan confirmar la autenticidad de los trámites, evitando así fraudes similares en el futuro.
