La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo llevó a cabo un operativo estratégico en el ejido Alfredo V. Bonfil, donde se aseguró un predio destinado a un proyecto de vivienda. El motivo principal de esta acción judicial responde a la presunta comisión de delitos ambientales, ya que las primeras indagaciones señalan que el complejo carece de los permisos estatales y municipales necesarios. El cateo fue ordenado por un Juez de Control tras recibir denuncias sobre actividades irregulares en la zona.
Durante la diligencia, las autoridades confirmaron que en el sitio se realizaban labores de chapeo, desmonte y el uso de maquinaria pesada sin las autorizaciones correspondientes. Estos actos son considerados delitos ambientales cuando se ejecutan fuera del marco legal, afectando el ecosistema local sin las medidas de mitigación requeridas. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, garantizando la seguridad perimetral durante el aseguramiento del inmueble.
Participación de expertos y autoridades federales
Un aspecto fundamental del operativo fue la presencia de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano. Los agentes de investigación trabajaron de la mano con personal del Colegio de Biólogos del Estado de Quintana Roo para evaluar técnicamente la magnitud del impacto en el terreno. Esta colaboración científica es vital para tipificar correctamente los delitos ambientales y determinar si hubo una afectación irreversible a la flora y fauna de la región de Benito Juárez.
Al inspeccionar el predio, los peritos detectaron que una sección del terreno ya se encontraba pavimentada y presentaba avances significativos de construcción. La falta de permisos de construcción municipales agrava la situación jurídica de los responsables, quienes ahora enfrentan cargos por delitos ambientales y violaciones al desarrollo urbano. El uso de suelo en zonas ejidales requiere una regulación estricta que, según las investigaciones preliminares, fue omitida por los desarrolladores del proyecto inmobiliario.
Aseguramiento y seguimiento jurídico del predio
Como medida cautelar, la Fiscalía General del Estado procedió al aseguramiento total del inmueble, colocando los sellos correspondientes para impedir que continúen las obras. Este proceso busca detener la progresión de los delitos ambientales mientras se deslindan responsabilidades legales. El predio quedó bajo el resguardo de la institución, la cual continuará integrando la carpeta de investigación con las pruebas recabadas por los biólogos y la policía de investigación durante la jornada.
