El gobierno de Estados Unidos anunció que más de 55 millones de extranjeros con visas válidas estarán sujetos a una investigación continua, con la finalidad de detectar posibles violaciones que podrían llevar a la revocación de su permiso y eventual deportación. La medida, anunciada inicialmente durante la administración Trump, ha generado preocupación entre especialistas en migración que advierten sobre riesgos de abusos.
El Departamento de Estado explicó que esta investigación continua de visas incluirá desde interacciones con la policía hasta sentencias judiciales, lo que no es nuevo en los procedimientos migratorios. Sin embargo, lo que genera alerta es que ahora también se pondría atención especial en la actividad en redes sociales, lo cual abre la puerta a penalizar opiniones políticas de los solicitantes.
Riesgos de vigilancia en redes sociales
Expertos en políticas migratorias señalaron que esta investigación continua a visas podría ir más allá de la conducta legal de los titulares y enfocarse en la expresión personal. David J. Bier, del Cato Institute, advirtió que el gobierno parece querer realizar revisiones proactivas de publicaciones en plataformas digitales y revocar permisos no por delitos, sino por opiniones.
Según Bier, esta práctica sería difícil de aplicar a todos los casos por el volumen de personas con visas en Estados Unidos. Sin embargo, existe la sospecha de que se implemente de manera selectiva y discriminatoria, afectando a migrantes con ciertos perfiles o categorías específicas de visas, lo que incrementa la incertidumbre para millones de visitantes y residentes temporales.
Impacto para millones de migrantes
La medida implica que cualquier titular de visa en Estados Unidos podría estar bajo revisión permanente. Aunque la revocación de visas ya era una práctica común en casos de delitos o incumplimientos, el hecho de que se acelere con herramientas tecnológicas y con la inclusión de criterios subjetivos genera temor entre organizaciones de defensa de migrantes.
En la práctica, esto podría significar que personas que nunca han cometido una falta legal sean investigadas por sus ideas o comentarios en línea, lo que plantea un debate sobre la libertad de expresión y los límites de la política migratoria. Para algunos analistas, se trata de un cambio hacia una vigilancia más agresiva que puede desincentivar la confianza de los migrantes en el sistema estadounidense.
La medida también podría impactar en sectores económicos clave, pues miles de turistas, estudiantes, trabajadores temporales y empresarios dependen de sus visas para permanecer en el país. Una percepción de inseguridad jurídica sobre la estabilidad de esos permisos podría tener repercusiones en la movilidad internacional y en la imagen de Estados Unidos como destino.
