CIUDAD DE MÉXICO – En un inesperado giro de los acontecimientos, el Gobierno ha modificado drásticamente las condiciones de las concesiones otorgadas a los grupos aeroportuarios privados en el país. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sorprendió a los grupos aeroportuarios al anunciar que realizaría revisiones exhaustivas de los títulos de concesión, con un enfoque en la evaluación de las tarifas de servicios aeroportuarios, en particular la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
Esta noticia conmocionó a los inversores, ya que los tres principales grupos privados aeroportuarios se vieron afectados negativamente en los mercados financieros. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que gestiona el Aeropuerto de Monterrey, experimentó una impresionante caída del 26.32 por ciento en el valor de sus acciones. Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador del Aeropuerto de Los Cabos, no quedó atrás y sufrió una disminución del 22.15 por ciento en el valor de sus títulos. Por su parte, Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), responsable del Aeropuerto de Cancún, también sufrió una significativa caída del 16.45 por ciento en el precio de sus acciones.
Este impacto en el sector aeroportuario se reflejó en la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo principal índice, el S&P/BMV IPC, cerró con una baja del 2.59 por ciento.
Este cambio repentino marca la primera revisión de las concesiones en 25 años para los aeropuertos privatizados. Aunque los títulos de concesión ya preveían revisiones quinquenales de servicios regulados como el TUA, pistas, arrastre y equipaje, también establecían la posibilidad de adelantar estas revisiones por parte de la autoridad, en este caso, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.
Se ha sugerido que el objetivo de esta medida es reducir las tarifas de los boletos de avión, lo que implica necesariamente una reducción en la TUA. La revisión afectará a todos los aeropuertos concesionados, con excepción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyos ingresos están ligados al pago de bonos emitidos para financiar el ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).
La Secretaría de Hacienda será la encargada de definir el esquema de pago de estos bonos, emitidos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado su preocupación y ha calificado esta medida como perjudicial para la inversión y la economía nacional. Afirmó que el Gobierno parece estar alineando todo en torno a Mexicana de Aviación, que ha sido reactivada como aerolínea estatal, y al AIFA, lo que, en su opinión, plantea dudas sobre la imparcialidad del Gobierno como regulador del mercado.
Estas decisiones del Gobierno se producen en un contexto en el que se ha anunciado la reactivación de Mexicana de Aviación como una aerolínea estatal y se ha transferido la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la Marina (Semar) en las últimas semanas. El impacto a largo plazo de estos cambios sigue siendo incierto, pero sin duda ha generado una agitación significativa en el sector de la aviación y la inversión.
