17 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL- Los fondos de inversión estadounidenses Capital Partners y Contrarian Capital Partners han solicitado al gobierno mexicano establecer un diálogo directo para resolver los adeudos de TV Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego. Los inversionistas denuncian que la televisora ha utilizado al Poder Judicial de la Ciudad de México para mantener suspendidos de manera indefinida pagos que suman al menos 500 millones de dólares, a través de recursos legales que consideran irregulares y abusivos.
Desde 2023, los inversionistas iniciaron un proceso legal contra México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La disputa se remonta a 2017, cuando TV Azteca emitió bonos y dejó de pagarlos. En 2022, la empresa logró que un juez de la Ciudad de México concediera prórrogas por la pandemia de covid-19, medida que todavía mantiene suspendidas sus obligaciones financieras con inversionistas extranjeros.
Alegatos de los inversionistas
Katherine P. Padgett, asesora legal de los fondos demandantes, señaló que TV Azteca ha manipulado el sistema judicial mexicano, obteniendo medidas cautelares sin notificar ni conceder audiencia a los inversionistas. Esto ha permitido a la empresa “blindarse” de pagar sus deudas, mientras que sus empresas también enfrentan adeudos fiscales con el Estado mexicano. Los inversionistas buscan un canal de comunicación efectivo con el gobierno federal para explorar un acuerdo y garantizar la recuperación de sus recursos.
El juez Miguel Ángel Robles Villegas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas que suspendieron el pago de bonos de TV Azteca hasta que la Organización Mundial de la Salud declarara el fin de la pandemia, situación que hasta hoy no ha ocurrido formalmente. Los inversionistas señalan que esta interpretación ha servido para prolongar indefinidamente el incumplimiento de la televisora, mientras Salinas Pliego cuestionaba públicamente las restricciones por covid-19.
Impacto financiero y legal
Además de suspender pagos, el juzgado permitió a TV Azteca no reportar información financiera al público en la Bolsa Mexicana de Valores, generando una protección legal que, según los inversionistas, ha permitido a la empresa “fingir dificultades económicas”. En tribunales de apelación, la medida cautelar fue respaldada, perpetuando la suspensión de obligaciones y afectando la transparencia financiera de la compañía.
El caso ha encendido alertas sobre la eficiencia del sistema judicial mexicano y su capacidad de proteger a inversionistas extranjeros frente a maniobras legales locales. Los fondos demandantes consideran que no es conveniente para México gastar recursos públicos en defender decisiones judiciales que benefician a un empresario particular, en lugar de garantizar el cumplimiento de obligaciones legales.
Repercusiones internacionales
El conflicto no solo pone en riesgo la reputación financiera de México ante inversionistas internacionales, sino que también puede afectar futuras inversiones y la confianza en la estabilidad jurídica del país. Analistas señalan que una resolución rápida y transparente sería clave para demostrar que México defiende los derechos de los acreedores y mantiene un sistema judicial confiable y sin favoritismos.
Los inversionistas buscan ahora ser escuchados por representantes del gobierno mexicano para lograr un acuerdo justo y evitar prolongar un litigio que ya dura más de dos años. Mientras tanto, la televisora sigue protegida por medidas legales locales, lo que mantiene la incertidumbre sobre cuándo se pagarán las obligaciones pendientes y el impacto económico que esto tiene tanto para México como para los inversionistas internacionales.
