20 DE FEBRERO DEL 2026 – LOCAL. La Auditoría Superior de la Federación ha puesto bajo la lupa el manejo del dinero en el estado, entregando resultados que exigen cuentas claras a las autoridades locales. El Informe ASF Quintana Roo 2024 señala que existen observaciones por un total de 428 millones 296 mil pesos que no han sido debidamente comprobados por diversos municipios y centros educativos. Estas revisiones corresponden al uso de recursos federales durante el ejercicio pasado, donde se detectaron fallas en la entrega de facturas, contratos y documentos que respalden en qué se gastó realmente el presupuesto enviado por la Federación.
Este documento no solo muestra números, sino que también marca el inicio de procedimientos legales para que los responsables den una explicación lógica sobre estos faltantes. Según el Informe ASF Quintana Roo 2024, la fiscalización se centró en seis ayuntamientos y en las principales universidades públicas, buscando que cada peso sea utilizado para el beneficio de la comunidad. Si los entes públicos no logran entregar las pruebas necesarias en los tiempos que marca la ley, podrían enfrentarse a sanciones graves o incluso a la obligación de devolver todo el dinero directamente a la Hacienda Pública Federal.
Municipios bajo la lupa por falta de comprobación
Dentro del Informe ASF Quintana Roo 2024, el municipio de José María Morelos destaca negativamente, ya que no pudo acreditar el uso de casi 40 millones de pesos bajo la gestión de Erik Borges Yam. Por otro lado, en Cozumel la situación también es preocupante, pues de 47 millones de pesos revisados, no se tiene claridad sobre el destino de más de 25 millones. Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto no se quedan atrás, sumando observaciones que superan los 60 millones de pesos entre ambos, lo que pone en duda la transparencia con la que se manejaron los fondos destinados a obras y servicios públicos.
Isla Mujeres también aparece en el listado con más de seis millones de pesos pendientes de comprobar, lo que refuerza la idea de que la administración del dinero federal necesita mayor orden. El Informe ASF Quintana Roo 2024 es muy claro al señalar que no basta con decir que el dinero se gastó, sino que se debe demostrar con evidencias físicas y legales. Por esta razón, se han promovido pliegos de observaciones que funcionan como una última llamada para que los alcaldes y sus equipos de finanzas pongan sus papeles en regla antes de que se inicien juicios administrativos.
Universidades y plazos para la transparencia
Las instituciones de educación superior tampoco quedaron fuera de esta revisión profunda, encontrando detalles que deben corregirse de inmediato. El Informe ASF Quintana Roo 2024 menciona que la Universidad Politécnica de Cancún acumuló 12 observaciones distintas, aunque logró recuperar un millón de pesos durante el proceso. Otras escuelas, como la Universidad Autónoma de Quintana Roo y las tecnológicas de Chetumal y la Riviera Maya, también tuvieron que devolver montos menores o están en proceso de aclarar pequeñas cantidades que no estaban bien justificadas ante los auditores federales.
Para finalizar, es importante entender que estas observaciones no significan necesariamente un robo, sino una falta de orden administrativo que debe ser subsanada. El Informe ASF Quintana Roo 2024 otorga plazos legales específicos para que cada institución presente su documentación; de lo contrario, la ley actuará para recuperar los recursos. La meta final de la Federación con estas auditorías es asegurar que el dinero del pueblo se maneje con total honestidad, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones que nos representan en todo el estado.
¿Qué pasa si no se solventan las observaciones?
Es vital comprender que el proceso de auditoría tiene tres etapas clave: la detección, la solventación y la sanción. Cuando el Informe ASF Quintana Roo 2024 emite un «Pliego de Observaciones», se presume que hubo un daño patrimonial al Estado. Si los entes no presentan las pruebas en un plazo de 30 días hábiles tras la notificación, la ASF puede pasar el caso a la Unidad de Investigación y la Auditoría Forense. Esto podría derivar no solo en inhabilitaciones para los funcionarios públicos involucrados, sino en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción si se llegara a comprobar un desvío de recursos o peculado.
