4 SEPTIEMBRE 2025- INTERNACIONAL- Una operación conjunta entre las policías de Ecuador y Bélgica, con la colaboración de Europol, ha logrado una importante incautación de drogas en la ciudad de Guayaquil, uno de los centros neurálgicos del crimen en el país. En total, se decomisaron 9.3 toneladas de cocaína, que tenían como destino final el mercado europeo. La operación resultó en la detención de 12 personas, 11 de ellas ecuatorianas y una de nacionalidad serbia. Este golpe al crimen organizado es significativo y demuestra el alcance transnacional de las redes de narcotráfico.
Los investigadores han revelado el sofisticado método de los narcotraficantes. La red criminal utilizaba compañías de seguridad privadas como fachada para infiltrar a sus miembros en puestos estratégicos de los puertos ecuatorianos. Además, estas empresas fantasma servían para adquirir armas y vehículos blindados, que terminaban en manos de bandas paramilitares dentro de Ecuador. Este modus operandi subraya la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras económicas y de seguridad del país, lo que dificulta aún más la lucha contra estas mafias.
La incautación de cocaína se produce en medio de una grave crisis de seguridad que vive Ecuador. En el primer semestre de 2025, el país registró 4,619 homicidios, un aumento del 47% respecto al año anterior, lo que lo ha posicionado como el más violento de América Latina. Los expertos señalan que esta escalada de violencia se debe a diversos factores, incluyendo la debilidad del Estado para enfrentar problemas estructurales, la desregulación de los mercados y la aparición de grandes economías ilícitas como la minería ilegal.
La militarización y la vulneración de derechos
Para enfrentar esta crisis, el presidente Daniel Noboa ordenó la militarización del país, una medida que, según la ONG Human Rights Watch, ha resultado en graves violaciones de los derechos humanos. La militarización, que incluyó la declaración de un estado de emergencia, ha sido denunciada por organizaciones como Human Rights Watch por la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Si bien el gobierno busca restablecer el orden y la seguridad, la estrategia podría estar minando los derechos fundamentales de los ciudadanos, un costo que muchos consideran inaceptable.
El gobierno del presidente Noboa también ha presentado un proyecto de ley para controlar los fondos extranjeros de fundaciones y ONG, una medida que, según expertos, podría usarse para «silenciar voces críticas». El proyecto es similar a leyes aprobadas en países con tendencias autoritarias como Hungría y El Salvador. Esta legislación obliga a las organizaciones a detallar el origen de sus recursos y a identificar a sus beneficiarios, lo que, según sus críticos, podría ser un instrumento para fiscalizar a grupos opositores o humanitarios. Esta medida, sumada a la militarización, refleja una estrategia del gobierno que podría priorizar el control por encima de las libertades civiles.
