El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha provocado una fuerte controversia al lanzar una convocatoria que ha encendido el «avispero» de las empresas de seguridad privada y los cazarrecompensas. La agencia migratoria, conocida popularmente como ‘la migra’, está ofreciendo una tarifa de 300 dólares por cada migrante indocumentado localizado, como parte de una estrategia para ubicar a grandes grupos de personas que se encuentran en el país. Este movimiento ha puesto en disputa un considerable presupuesto federal de 180 millones de dólares entre diversas compañías de mercenarios y contratistas privados que buscan participar en la localización masiva.
La Cifra: $180 Millones en Contratos para Localizadores
El plan de ICE consiste en contratar a firmas privadas para que ubiquen a «paquetes» de 50 mil indocumentados, una cifra que refleja la magnitud de la operación de búsqueda que se pretende ejecutar. La remuneración de 300 dólares por cada migrante localizado establece un incentivo financiero directo y poderoso para estas compañías, convirtiéndolas en verdaderos cazarrecompensas que operarán con fondos del gobierno. El presupuesto total de 180 millones de dólares destinado a esta tarea ha atraído el interés de grandes compañías de seguridad y localizadores que históricamente han trabajado en el sector de la defensa o la vigilancia.
Este esquema de contratación privada para tareas de aplicación de la ley migratoria es visto por críticos como una peligrosa privatización de la justicia y un incentivo directo a la persecución de comunidades vulnerables. La idea de pagar una tarifa por cada persona localizada crea una economía de incentivos para los cazarrecompensas, cuyo beneficio económico está directamente ligado al número de migrantes que encuentren, lo que podría conducir a abusos o prácticas de vigilancia excesiva.
La Misión: Ubicar a 50 Mil Indocumentados
La misión central de esta iniciativa es la ubicación de 50 mil indocumentados, una tarea que el gobierno de EE. UU. busca externalizar. Al convocar a contratistas, ICE está buscando velocidad y eficiencia en la localización de estas personas. El uso de compañías externas, que a menudo emplean tecnología de vigilancia avanzada y grandes redes de localizadores y analistas, permite a la agencia migratoria ejecutar una operación de gran escala sin depender exclusivamente de su personal interno.
Precedentes y Preocupaciones por la Privatización de la Vigilancia
Es crucial señalar que el uso de empresas privadas y cazarrecompensas para tareas de vigilancia y localización migratoria ha generado serias preocupaciones de derechos humanos y privacidad en el pasado. Estas compañías a menudo utilizan tecnologías de recopilación de datos masivos y sistemas de inteligencia artificial para rastrear a los indocumentados, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de discriminación algorítmica. Organizaciones de derechos civiles alertan que este modelo, donde el lucro está ligado a la ubicación de personas, puede llevar a una vigilancia excesiva de comunidades minoritarias y al uso de tácticas que están fuera de la supervisión tradicional de las agencias de aplicación de la ley, exacerbando la vulnerabilidad de los indocumentados.
