22 SEPTIEMBRE 2025- NACIONAL- La designación de Vidulfo Rosales, exabogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como nuevo secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha causado sorpresa y debate en distintos sectores. Su incorporación al equipo de asesores del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz marca un giro en la trayectoria de un abogado que por más de una década fue un referente en la defensa de los derechos humanos en Guerrero. El cargo le permitirá percibir un salario bruto mensual de 167 mil 671 pesos, que se traduce en poco más de 118 mil pesos netos.
Exabogado de caso Ayotzinapa se incorpora a ponencia de Hugo Aguilar
El nombramiento de Rosales llega en medio de la reciente reforma judicial, que quitó facultades administrativas a la Presidencia de la Corte y las trasladó al Órgano de Administración Judicial. Ahora, las ponencias de la Presidencia deben elaborar proyectos de resolución de los casos turnados al ministro presidente, y en esta labor participará Rosales. Con ello, pasará de ser un defensor social a parte del engranaje institucional del máximo tribunal del país, en un rol que exige tecnicismo y distancia política.
La renuncia de Rosales en agosto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan encendió las especulaciones sobre su futuro. Durante más de una década, encabezó la defensa legal de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, enfrentando no solo la falta de recursos y apoyo político, sino también amenazas que pusieron en riesgo su seguridad. Ante estas condiciones, explicó que no podía seguir al frente de manera personal y que la representación quedaría en manos de Tlachinollan, el Centro Prodh y otras organizaciones.
¿Quién es Vidulfo Rosales?
Originario de Totomixtlahuaca, Guerrero, Rosales nació en 1977 y se formó como una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos humanos en México. Su trabajo lo convirtió en figura clave en las negociaciones con el gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa y lo proyectó como uno de los abogados más reconocidos en desaparición forzada y violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, su salto a la SCJN genera preguntas: ¿podrá mantener su independencia crítica dentro de un Poder Judicial cuestionado por su falta de cercanía con las víctimas?
Su integración también lo coloca en un equipo amplio: actualmente, 176 empleados trabajan directamente con Hugo Aguilar Ortiz, de los cuales 56 están adscritos a su ponencia. En este contexto, Rosales tendrá que adaptarse a un esquema de trabajo que prioriza la técnica jurídica sobre el activismo social. La expectativa es alta: se espera que aporte su experiencia en casos de violaciones a derechos humanos y dé voz a sectores históricamente marginados, aunque dentro de un espacio marcado por formalismos y jerarquías.
Se abre un debate sobre el papel de los defensores sociales cuando ingresan a instituciones de poder. Mientras algunos ven en ello una oportunidad para influir desde dentro en la toma de decisiones judiciales, otros lo consideran una posible cooptación que diluye el carácter crítico y combativo de estas figuras. En un país con más de 100 mil desaparecidos, el simbolismo de que un abogado del caso Ayotzinapa trabaje en la SCJN no pasa desapercibido.
El reto central para Rosales será demostrar que no se ha alejado de las causas que lo llevaron a ser reconocido. Aunque ya no represente directamente a las familias de los 43, su experiencia le otorga un papel clave en la construcción de criterios sobre derechos humanos y desaparición forzada, áreas en las que la Corte tiene un rezago importante. De su desempeño dependerá si su presencia en la SCJN se traduce en avances reales o en una integración meramente decorativa.
La llegada de Vidulfo Rosales a la Corte simboliza un punto de inflexión: un abogado que luchó desde la trinchera social ahora se enfrenta al reto de transformar esa lucha en resoluciones y criterios institucionales. El país estará observando si su papel trasciende lo simbólico y se convierte en una voz que impulse a la SCJN hacia una verdadera justicia para las víctimas.
