La red de huachicol en México liga a Sedena, el AIFA, el rancho Izaguirre de Teuchitlán y gigantes petroleros, revela una investigación de MCCI.
Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró más de 500 millones de pesos en diésel a una empresa vinculada con una red de “huachicol” en la que participa un hermano del exalcalde de Teuchitlán, José Ascención Murgía Santiago, preso por su participación en los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre, revela Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reportaje firmado por Raúl Olmos y Vanessa Cisneros, documenta que las compras de combustible de la Sedena fueron realizadas en 2020 a “Ecocarburante SA de CV”, que en esos días tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario que estuvo involucrado en señalamientos de lavado de dinero.
Empresa en la lista negra de Estados Unidos por vínculos con el narco
La amplia investigación de MCCI apunta que antes de integrarse a “Ecocarburante”, Zamora Delgadillo había sido socio y presidente de “Agrícola Boreal”, empresa que desde hace ocho años fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en la lista negra de entidades involucradas en crímenes financieros y narcotráfico (la llamada lista OFAC).
Zamora Delgadillo también ha participado como apoderado en “Impulsora de Productos Sustentables”, empresa investigada por su participación en una red de huachicol en México, y que tiene como accionista a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, el exalcalde de Teuchitlán que fue apresado a inicios de mayo acusado de colaborar en los crímenes del rancho Izaguirre.
Esa empresa ha tenido entre sus proveedores de combustible a multinacionales como Vitol y Valero, dos de los gigantes del sector energético a nivel mundial.
El hermano del exalcalde de Teuchitlán es además socio, administrador y apoderado general de “Mefra Fletes”, una de las empresas involucradas en los mega decomisos de huachicol realizados a finales de marzo en Tamaulipas y Baja California.
José Isabel Murguía Santiago se integró como accionista y administrador general único de “Mefra Fletes” el 20 de marzo de 2019, y como socio de “Impulsora de Productos Sustentables” el 14 de mayo de 2020; siete meses después incrementó su participación accionaria y fue nombrado el Presidente del consejo de administración de la empresa.
Turbios vínculos
MCCI obtuvo contratos, facturas, órdenes de pago y actas mercantiles que muestran los vínculos de negocios entre “Ecocarburante”, “Impulsora de Productos Sustentables” y “Mefra Fletes”.
Las tres compañías han compartido representantes, apoderados e incluso socios.
Por ejemplo, señalanb que Miguel Castellanos Cruz ha sido socio de “Ecocarburante” a través de una empresa denominada “Petro Almacenes de Occidente”, y a la par se ha desempeñado como representante en “Mafre Fletes” y en “Dalcrise”, una empresa que tiene participación accionaria en “Impulsora de Productos Sustentables”.
Daniel Alejandro Soto Manrique, quien se desempeña como coordinador de logística en “Ecocarburante”, ha fungido además como representante en las tres compañías vinculadas.
Otro caso: Édgar Marín Meza Moreno ha sido presidente del consejo de administración tanto de “Impulsora de Productos Sustentables” como de “Ecocarburante”.
La revista Contralínea, a la que López Obrador elogiaba por estar alineada a su proyecto político, difundió en septiembre de 2021 información atribuida a expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT, en los que se vincula a “Ecocarburante” con “Impulsora de Productos Sustentables” en una intrincada red de comercialización de combustibles de origen ilícito, coloquialmente llmado huachicol.
“En la red empresarial sobresale Ecocarburante SA de CV, con una presuntiva de evasión fiscal por 632 millones 537 mil 350 pesos”, se lee.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene indicios de que en los dos más grandes decomisos de huachicol realizados en Tamaulipas y en Baja California hubo participación de empresas ligadas a la familia del exalcalde de Teuchitlán.
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“El expresidente municipal de Teuchitlán —que está ya procesado y en la cárcel—, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover ese combustible, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo en la conferencia mañanera del 20 de mayo, en referencia a “Mefra Fletes”, la empresa involucrada en el traslado del huachicol.
Lo que no dijo Gertz Manero ese día es que otra de las empresas de Murguía Santiago ha actuado en colaboración con funcionarios de Pemex y que, además, estableció una sociedad de negocios con un proveedor de la Sedena, como MCCI demuestra en su reportaje.
Intermediario de Pemex
Así, MCCI expone que “Impulsora de Productos Sustentables” —una de las empresas en las que ha participado el hermano del exalcalde de Teuchitlán— llegó a un acuerdo con Pemex para fungir como intermediario en la distribución de turbosina y gasavión para la aerolínea Interjet, que dejó de operar en 2020.
Dice que aunque el contrato no es público en la plataforma de transparencia de Pemex, los detalles de este acuerdo quedaron plasmados en el acta de una asamblea realizada el 3 de julio de 2019, de la cual dio fe el notario jalisciense Diego Robles Farías.
Y en el acta se anotó que la empresa había suscrito un contrato con Pemex Transformación Industrial, representada por Marco Antonio Porras Reyes Alamina, adscrito a la Subgerencia de Petrolíferos Secundarios para triangular la entrega del combustible a la aerolínea.
En el mismo documento se mencionan los beneficios que esperaban de otros contratos con la petrolera estatal:
“Cualquier contrato futuro de comercialización y/o distribución de gasolina y/o diésel celebrado con cualquier dirección u organismo Pemex, les corresponderá a todos sus tenedores (de las acciones de la empresa) en conjunto una participación del 51% de las utilidades netas de dicho negocio”.
Acuerdo de negocios con proveedora de la Sedena
Además de compartir socios y apoderados, “Impulsora de Productos Sustentables” tiene vínculos de negocios con “Ecocarburante”, empresa proveedora de combustible de la Sedena.
En el acta notariada de una asamblea realizada el 10 de diciembre de 2020 quedó constancia que la primera empresa le adeudaba 175 millones de pesos a la segunda.
Los socios de “Ecocarburante” acordaron destinar ese dinero, que sería aportado por “Impulsora de Productos Sustentables”, para aumentar el capital de la empresa.
Con ese acuerdo, las acciones de “Ecocarburante” quedaron concentradas en dos socios: Edgar Marín Meza Moreno (quien era copropietario de “Impulsora de Productos Sustentables”), con una aportación mayoritaria de 142 millones de pesos, equivalente al 81% de las acciones, mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo se quedó con 33 millones de pesos, que representa el 19% de las acciones.
Cuando se dio este movimiento, “Ecocarburante” vivía días de prosperidad, pues mantenía abiertos dos contratos con la Sedena para abastecer de combustible en las obras del AIFA, una de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador.
El contrato en la Sedena y obras en el AIFA
En diciembre de 2019, cuando se preparaba para iniciar la construcción del AIFA, la Sedena asignó a “Ecocarburante” un contrato hasta por 496 millones de pesos para abastecer 27 millones de litros de diésel automotriz ultra bajo azufre de importación.
El contrato con la Sedena fue suscrito por Miguel Castellanos Cruz, quien —como se dijo anteriormente— ha sido apoderado y representante tanto de “Ecocarburante” como de “Mefra Fletes”, la compañía señalada por la FGR de movilizar huachicol y que es propiedad del hermano del exalcalde de Teuchitlán.
Casi al inicio del contrato, la empresa incumplió con los plazos de entrega, lo que provocó desabasto del combustible y con ello retrasos en el avance de las obras en el AIFA, según se detalla en un oficio firmado por el coronel Alberto Pérez Valenzuela, del agrupamiento de ingenieros militares de la base de Santa Lucía, y que fue dirigido a Castellanos Cruz.
A pesar del incumplimiento, la Sedena otorgó en 2020 de manera directa un segundo contrato a “Ecocarburante” por 12.9 millones de pesos, para surtir hasta 180 mil litros mensuales de diésel.
Además, en abril de 2020 se pactó una modificación del primer contrato, de acuerdo con un oficio que el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de la obra del AIFA, dirigió a Castellanos Cruz.
Hasta noviembre de 2020, la empresa ya había facturado casi el 70% del monto previsto en el primer contrato, según consta en documentos internos obtenidos por MCCI.
El combustible se utilizó para los vehículos pesados y maquinaria utilizados en la construcción del nuevo aeropuerto y en la reubicación de las instalaciones militares de la base de Santa Lucía, según se describe en los dos contratos.
En los documentos obtenidos por MCCI se detalla que “Ecocarburante” tenía oficinas dentro del AIFA, a un costado de las oficinas y de los dormitorios de la Sedena. En el sitio tenían, además, una estación de servicio o gasolinera con dos grandes tanques de almacenamiento, cada uno con capacidad de 80 mil litros.
En el frente 12 de construcción tenían otro tanque de 40 mil litros.
Red de huachicol salpica a multinacionales
MCCI constató que “Ecocarburante” recurría a otras empresas para introducir al país el combustible que comercializaba.
Una de las empresas con la que tiene vínculos de negocios es “Impulsora de Productos Sustentables”, que ha contado entre sus proveedores a las multinacionales Vitol, Valero y Gunvor, según consta en operaciones de comercio exterior consultadas por MCCI en plataformas especializadas como Veritrade y Panjiva.
Tan sólo en 2019, Veritrade reportó que esa empresa tuvo 152 operaciones de importación de combustibles con Vitol Inc., con valor de 3 millones 250 mil dólares.
La mayoría de las transacciones se realizaron por la aduana de Matamoros.
Vitol es la mayor firma privada de comercialización de energía y materias primas a nivel global, con énfasis en la venta, transporte y almacenamiento de petróleo y sus derivados, que opera desde su sede en Ginebra, Suiza.
MCCI ha publicado una serie de investigaciones que han evidenciado el involucramiento de esa multinacional en una red de sobornos en Pemex entre 2017 y 2020.
“Impulsora de Productos Sustentables” también registró en 2019 una operación con “Valero Marketing and Supply Company”, filial de Valero Energy, por concepto de importación de diésel a través de la aduana de Tuxpan, con valor de un millón 872 mil dólares.
Valero es considerada una de las mayores compañías petroleras del mundo, con 15 refinerías en operación, y su sede está en Texas.
El mayor monto de las importaciones de “Impulsora de Productos Sustentables” ha sido con Gunvor USA LLC, filial de Gunvor Group, una multinacional del sector energético que tiene su sede operativa en Suiza y su registro legal en Chipre.
Con esa compañía se dieron al menos 62 operaciones de importación de diésel a partir de 2019, con valor de 47 millones de dólares, según los registros de comercio exterior. El ingreso del combustible se dio a través de las aduanas de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y de Tuxpan, en Veracruz.
Titan Marine Fuel, LLC , establecida en Texas, también ha sido proveedor de combustibles de “Impulsora de Productos Sustentables”, empresa en la que participa el hermano del exalcalde de Teuchitlán.
Vitol envía combustible a empresas “fantasma”
“Grupo Petrotamps” y “Tramitadora Aduanal de Reynosa”, otras dos empresas de Tamaulipas sospechosas de participar en la red de huachicol, también han hecho negocios con Vitol, según se detalla en registros de comercio exterior. Ambas fueron incluidas en mayo de 2025 en el listado definitivo elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las empresas que simulan operaciones para fines de evasión fiscal o lavado de dinero.
“Tramitadora Aduanal de Reynosa” registró una operación con Vitol con valor de 3 millones 224 mil dólares, mientras que “Petrotamps” realizó cinco transacciones por importación de diésel, valuado en 252 mil dólares.
Esta segunda empresa “fantasma” registró, además, una transacción por alrededor de 163 mil dólares con Flint Hill Resources, LP, una empresa de refinación que es propiedad de Koch Industries, uno de los mayores conglomerados industriales de Estados Unidos.
Julia Mendoza Cruz, una persona física que fue incluida por el SAT en su lista negra por evasión fiscal, también registró dos operaciones de comercio exterior con Vitol por 29 mil dólares.
Además, tuvo más de 2 mil 800 operaciones, con valor de 20 millones de dólares, con otras comercializadoras de petróleo y derivados establecidas en Texas, entre ellas Mossomex International, Musket Corporation y Titan Marine Fuel.
Los registros de comercio exterior revelan que otras tres empresas oficialmente declaradas como “fantasma” por el SAT también han comprado combustible a empresas texanas: “HB Segind”, “Maquinaria Pesada para la Construcción IPR” y “Distribuidora Industrial Fronteriza”, que en conjunto importaron productos con valor de 5.4 millones de dólares.
MCCI publicó en noviembre de 2024 una investigación que reveló que Julia Mendoza Cruz y las tres empresas antes mencionadas formaban parte de una red de “factureros” que en los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador habían recibido permisos para importar millones de litros de combustibles; recurrieron a una compleja operación para clonar pedimentos legales de importación y de esa forma introducir volúmenes mayores a los autorizados, además de eludir el pago de impuestos al reportar una fracción arancelaria distinta al producto que importaban, esquema que ha sido identificado por las autoridades como “huachicol fiscal”.
En investigaciones posteriores, MCCI descubrió que un alto funcionario federal del sistema portuario estaba asociado con los traficantes de combustible y que en el mayor decomiso realizado en Tamaulipas a finales de marzo de 2025 por la Marina “desaparecieron” o fueron hurtados 10 millones de litros de combustible.
De acuerdo con un análisis de la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduanero el contrabando representa el 26% de las ventas de combustible en México, que equivale al año a 100 millones de barriles y un valor de entre 6 mil 500 y 9 mil millones de dólares.
Huachicol de Mefra Fletes para Ecocarburante
Una de las empresas acusadas por la FGR de utilizar ese esquema de “huachicol fiscal” en México es “Mefra Fletes”, de la que es copropietario el hermano del exalcalde de Teuchitlán.
En documentos oficiales consultados para esta investigación hay constancia de que “Mefra Fletes” daba servicio a “Ecocarburante”.
Por ejemplo, en el reporte oficial de un decomiso de huachicol realizado el 20 de marzo de 2020 en un punto de revisión instalado en Matamoros, Tamaulipas, se enlistan documentos que refieren que el combustible estaba destinado a “Ecocarburante”.
En esas fechas, la empresa tenía en ejecución el contrato con la Sedena para abastecer diésel al AIFA.
Los inspectores detuvieron para su inspección un tractocamión de la marca Kenworth, que remolcaba un tanque tipo pipa.
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Al preguntarle al conductor la mercancía que transportaba, éste respondió que “no sabía”, por lo que se le solicitó la documentación que acreditara la legal estancia en territorio nacional.
El chofer presentó una copia fotostática del documento de operación para despacho aduanero, con número de pedimento 170 1176 0000038, emitido el 14 de enero de 2020. Sin embargo, se trataba de un documento clonado, ya que ese mismo número de documento lo habían presentado los conductores de otras seis pipas en revisiones aduanales.
Además, presentó documentos de que la mercancía había sido importada a través de la aduana de Tuxpan, Veracruz, ubicada a más de 650 kilómetros de distancia de Matamoros, lo cual para los inspectores era incongruente.
“Con base en la circunscripción territorial con las documentales presentadas no existe una lógica jurídica, motivada por la cual (la pipa) pasaría por el estado de Tamaulipas”, dice el acta levantada del decomiso.
Otra incongruencia es que el documento de la supuesta importación vía Tuxpan estaba fechado el 14 de enero de 2020, es decir, dos meses antes de la revisión.
En el acta de inspección se menciona que el combustible había sido introducido al país para “Ecocarburante”.
Tras la revisión de los documentos, los inspectores determinaron que la pipa de “Mefra Fletes” trasladaba 28 mil 262 litros de diésel y que se había omitido el pago de los correspondientes impuestos de importación. Es decir, se trataba de “huachicol fiscal”.
Los vínculos con Teuchitlán
El reportaje de MCCI donde también colaboraron los periodistas Verónica Ayala e Iván Alamillo, agrega que en 2019, cuando se integró como socio de “Mefra Fletes”, José Isabel Murguía Santiago declaró ante notario público que tenía su domicilio en la calle Independencia del municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Su hermano José Ascensión había sido alcalde de ese municipio entre 2012 y 2015.
Volvió a ocupar ese cargo desde 2021, y fue reelecto en 2024, pero ya no concluyó su gestión porque a inicios de mayo de 2025 fue detenido acusado de estar involucrado en los crímenes del Rancho Izaguirre.
La periodista Fátima Monterrosa reveló el pasado 13 de mayo en N+ sobre los vínculos que la familia del exalcalde tenía con una red de huachicol, lo cual fue confirmado una semana después por el fiscal Gertz.
Como se ha mostrado en el presente reportaje, las conexiones son más amplias de lo que hasta ahora se conocía.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exalcalde de Teuchitlán de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba el rancho Izaguirre.
Los testimonios de víctimas y de madres buscadoras aseguran que en ese sitio se mantuvo secuestradas a personas a las que se entrenaba para obligarlas a convertirse en sicarios, y quienes se negaban eran asesinados.
“Usted colaboró con ellos”, refiere la acusación contra el exalcalde. “Las víctimas en ese lugar lo vieron. Fue visto, colaboró brindando seguridad para captar gente privada de su libertad, sobajada, deshumanizada, para que pertenecieran a un grupo delictivo. Lo sabía y no hizo nada”.
De acuerdo con madres buscadoras, ese rancho funcionaba como un campo de exterminio. MCCI reveló el pasado 12 de marzo reportes oficiales que evidenciaban que las autoridades conocían desde agosto de 2019 del hallazgo de restos humanos calcinados y zapatos regados en la misma zona del rancho Izaguirre Teuchitlán donde buscadores de Jalisco descubrieron un crematorio clandestino.
El 8 de abril, una nueva investigación de MCCI reveló más documentos que demuestran que las oficinas del Secretario, el Subsecretario y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, entre otros mandos militares, fueron informados por los servicios de inteligencia del hallazgo de esos restos calcinados.
Además, desde 2023 se tenían elementos para vincular el caso Teuchitlán con un horno crematorio clandestino encontrado en Lagos de Moreno.
