
En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) inició la Operación Cuenca para desmantelar la red de extracción y venta ilegal de agua, conocida como huachicol de agua. Durante la primera fase, se aseguraron pipas, pozos y tomas de posible origen clandestino. Investigaciones preliminares indican que sindicatos y asociaciones de transportistas podrían estar involucrados en estas operaciones, lo que implica responsabilidades legales para los implicados.
Sanciones penales para servidores públicos y piperos
El Código Penal del Estado de México, en su Artículo 145 quinquies, establece que quienes impidan o restrinjan el flujo de agua destinado al suministro público podrían enfrentar de dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 días. Además, los servidores públicos que no supervisen el proceso de potabilización podrían ser destituidos e inhabilitados por seis años. Esto significa que tanto funcionarios como piperos se exponen a penas severas si se comprueba su participación en el abastecimiento de agua de origen ilegal.
Protestas y bloqueos por parte de piperos
Tras la implementación de la Operación Cuenca, piperos realizaron bloqueos en diversas vialidades del Estado de México, argumentando que se les cerraban pozos y fuentes de abastecimiento. Estos bloqueos afectaron durante horas el tráfico y complicaron la distribución de agua en distintas zonas, mientras las autoridades investigan si estas pipas transportaban agua proveniente de fuentes no autorizadas.
Riesgos sanitarios para la población
El huachicol de agua no solo representa un delito, sino también un riesgo para la salud pública. Se ha detectado que el agua distribuida por estas redes ilegales no cumple con los estándares sanitarios necesarios, lo que podría provocar enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud. La falta de potabilización y control aumenta la vulnerabilidad de las comunidades que consumen este recurso.
Impacto en la gestión hídrica del Estado
La extracción y distribución ilegal de agua afecta la planificación y gestión de los recursos hídricos en el Estado de México. Además de generar pérdidas económicas, el huachicol de agua dificulta la garantía de suministro equitativo para la población. La autoridad estatal enfatiza la necesidad de estrategias integrales que combinen vigilancia, sanción y promoción del uso responsable del agua.
Educación y concienciación ciudadana






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