La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 19 de enero de 2026, abordó el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Ante las demandas de investigación —incluidas denuncias formales del PAN y de algunas víctimas—, la mandataria afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe indagar a todas las personas relacionadas con el proyecto. Sin embargo, dedicó un segmento específico a deslindar de responsabilidad técnica y operativa a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según Sheinbaum, la participación de Gonzalo López Beltrán fue puramente honorífica: no supervisó aspectos técnicos ni tuvo responsabilidad en la ejecución de la obra. Su rol se limitó a «cuidar» el cumplimiento de plazos y etapas generales de construcción, mientras que las decisiones de ingeniería, seguridad y supervisión técnica recayeron exclusivamente en ingenieros especializados. La presidenta insistió en que no era necesario una denuncia específica contra él, ya que la carpeta de investigación se abrió automáticamente por el accidente y que, en caso de fallas, la responsabilidad recae en los responsables técnicos, no en una figura de supervisión honoraria.
Esta declaración, aunque busca proyectar imparcialidad al afirmar que «aquí no se cubre a nadie» y que se investigará «todo», genera más dudas que certezas sobre la transparencia y la igualdad ante la ley en proyectos emblemáticos del gobierno.
En primer lugar, designar al hijo de un expresidente —y figura política de enorme peso simbólico en el actual régimen— como supervisor de una obra de infraestructura crítica, aunque sea «honorífico» y sin sueldo, no es un gesto neutro. En un contexto donde el poder político mexicano ha mostrado históricamente cómo las figuras cercanas al Ejecutivo pueden ejercer influencia informal, la mera presencia de Gonzalo López Beltrán en el proyecto genera un efecto disuasorio inevitable: contratistas, ingenieros y funcionarios pudieron percibir que cualquier crítica, ajuste o señalamiento de riesgos podría interpretarse como un desafío al círculo familiar del poder, con posibles represalias políticas o administrativas. Ese temor a represalias, aunque no se traduzca en órdenes directas, distorsiona la cadena de mando y debilita los controles de calidad y seguridad.
Segundo, calificar el rol como «honorífico» no elimina la pregunta de fondo: ¿por qué incluir a un familiar directo en una posición de supervisión general si no aporta expertise técnico? Si el objetivo era solo monitorear plazos, existían mecanismos institucionales (Secretaría de la Defensa, Auditoría Superior, supervisores designados) que no cargaban con el lastre de un vínculo familiar. La decisión de colocar a un hijo del expresidente en esa órbita, sin título honorario formalizado ni transparencia sobre sus atribuciones reales, alimenta la percepción de que se buscaba una capa de protección política más que eficiencia operativa.
Tercero, el deslinde preventivo de Sheinbaum —antes de que la FGR publique siquiera el primer dictamen técnico— contrasta con el principio de que las investigaciones deben ser imparciales y basadas en evidencias. Al adelantar que no hubo responsabilidad operativa de López Beltrán, la presidenta parece anticipar conclusiones que corresponden exclusivamente a peritos, peritajes y la propia Fiscalía. Esta intervención genera inquietud: ¿se está protegiendo a una figura cercana al movimiento en el poder, o realmente hay certeza absoluta de su irrelevancia en la cadena causal del accidente?
