18-Julio-2025.-La muerte de un joven de 21 años al interior de un centro de rehabilitación en Umán, Yucatán, ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento y la supervisión de este tipo de establecimientos. Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio, incluyendo al director del centro, tras revelarse que el joven fue sometido violentamente antes de morir por asfixia mecánica.
El caso ocurrió el pasado 15 de julio en la colonia Santa Bárbara, donde vecinos alertaron por la presencia de la policía y una ambulancia en el inmueble habilitado como anexo. Dentro del lugar se encontraba sin vida David Israel M.S., quien llevaba internado medio año. Según los primeros reportes, el joven habría tenido una crisis de conducta, por lo que fue reducido y atado por el personal.
El problema es que, durante ese “control”, la víctima fue colocada boca abajo, atada de pies y manos y con una almohada en el rostro, impidiéndole respirar. Esta técnica, conocida como “la alacraneada”, ha sido señalada por exinternos como una forma común de castigo en algunos centros no regulados. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.
Tras la denuncia de la madre, la Fiscalía de Yucatán y la SSP iniciaron una investigación que derivó en las capturas de seis implicados, provenientes de distintas ciudades. Además del proceso penal, las autoridades investigan si el centro contaba con permisos para operar y si su personal estaba capacitado para atender crisis emocionales o psiquiátricas.
Como valor agregado, es importante destacar que en México más del 60% de los centros de rehabilitación no cuentan con un registro oficial ni supervisión sanitaria, según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). En muchos casos, estos lugares son operados por exadictos sin formación profesional, lo que genera entornos propensos al abuso, negligencia y violencia.
Hasta el momento, el centro permanece clausurado y bajo resguardo de peritos. Organizaciones civiles han pedido que se realice un censo actualizado de los centros de rehabilitación en el estado y que se refuercen los protocolos de inspección. La sociedad exige respuestas claras y garantías de que estos espacios realmente ayuden a quienes buscan una segunda oportunidad.
