16 DE JULIO-El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México inició una carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. Las autoridades lo señalan por su presunta relación con el grupo criminal conocido como “La Barredora”, que opera en la región.
El caso ha escalado a nivel internacional. Bermúdez Requena cuenta ya con una ficha roja de Interpol, lo que significa que las autoridades de más de 190 países están notificadas y podrían detenerlo en cuanto sea localizado. Según los datos oficiales, salió del país el pasado 26 de enero y desde entonces se desconoce su paradero.
Las autoridades mexicanas han informado que su localización es prioritaria y que están colaborando con agencias internacionales para dar con su paradero. La ficha roja no implica culpabilidad, pero sí la sospecha suficiente para que se le busque y se solicite su detención provisional con fines de extradición.
El Gabinete de Seguridad insistió en que el caso es parte de un esfuerzo mayor por desarticular redes delictivas dentro de las propias instituciones de seguridad. Reiteraron su compromiso de detener a generadores de violencia, sobre todo aquellos que desde posiciones de poder colaboraron o encubrieron a grupos delictivos.
Un elemento que llama especialmente la atención es que Bermúdez ocupó un cargo de alta responsabilidad durante una administración federal que ahora busca reposicionarse políticamente. Esto abre cuestionamientos importantes sobre qué tan profundamente están infiltradas las instituciones públicas por el crimen organizado, especialmente en estados con fuerte presencia del narcotráfico como Tabasco.
A lo anterior se suma que Bermúdez Requena fue señalado previamente por organizaciones de derechos humanos por supuestos abusos dentro del sistema penitenciario estatal. Aunque estas denuncias no prosperaron en su momento, la actual investigación podría retomar estos antecedentes como parte del contexto de su gestión y su posible red de protección. La omisión institucional ante las primeras señales de alerta podría haber facilitado su fuga y encubrimiento posterior.
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