4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025- INTERNACIONAL. Una jueza federal en Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la administración de Donald Trump al anular los recortes de miles de millones de dólares en financiación a Harvard. La decisión de la jueza Allison Burroughs protege cerca de 2.000 millones de dólares en becas de investigación que el gobierno había revocado. El fallo se basa en una violación del derecho a la libertad de expresión de la prestigiosa universidad, lo que representa una victoria legal significativa para la institución, aunque la Casa Blanca ha prometido apelar la decisión de inmediato.
La disputa entre Harvard y la administración Trump se intensificó en abril, cuando el gobierno congeló los fondos acusando a la universidad de antisemitismo, ideologías de «izquierda radical» y prejuicios raciales. A diferencia de Columbia, Penn y Brown, otras universidades de la Ivy League que llegaron a acuerdos con la administración para evitar la pérdida de fondos, Harvard decidió recurrir a los tribunales. Esta postura firme llevó a un fallo que ahora sienta un precedente importante en la defensa de la autonomía universitaria.
Una decisión que defiende la Primera Enmienda
En su dictamen, la jueza Burroughs fue clara al afirmar que las órdenes de congelación y las cartas de rescisión del gobierno violaron la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este argumento central en el fallo no solo bloquea cualquier futura suspensión de fondos federales a la universidad, sino que también prohíbe al gobierno retener el pago de las subvenciones que ya existían. La financiación de Harvard se convierte en un símbolo de la lucha entre el poder político y la libertad académica, tal como lo expresó el presidente de la universidad, Alan Garber, quien calificó la sentencia como una ratificación de los derechos constitucionales de la institución.
La reacción de la Casa Blanca fue inmediata y contundente, calificando la decisión de «atroz» y a la jueza, nombrada por el expresidente Barack Obama, como una «activista». En una declaración, la secretaria de prensa adjunta, Liz Huston, argumentó que Harvard no tiene un derecho constitucional al dinero de los contribuyentes y que sigue sin ser apta para futuras subvenciones. Esta victoria de Harvard es vista por la administración como un revés político y legal que planean revertir, manteniendo viva la controversia.
¿Un «ataque selectivo e ideológico»?
A pesar de su fallo a favor de la universidad, la jueza Burroughs no exoneró a Harvard de toda culpa. En su dictamen de 84 páginas, criticó a la institución por no haber hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo que, según ella, había «plagado» a la institución en los últimos años. Sin embargo, en un giro significativo, sugirió que la lucha contra el antisemitismo no era el «verdadero objetivo» del gobierno de Trump. En cambio, describió la acción como una «cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país».
La jueza ya había actuado anteriormente para bloquear otros intentos de la administración Trump, como el de impedir que Harvard recibiera estudiantes internacionales. Este historial subraya una confrontación más amplia entre la administración y las instituciones académicas. El presidente de Harvard ha sido vocal al respecto, declarando que ningún gobierno «debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar». La financiación para Harvard parece ser solo una pieza de un conflicto mucho mayor sobre la autonomía académica y la injerencia política.
La Autonomía Universitaria como Pilar Democrático
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