Guatemala vive uno de sus momentos políticos más tensos del presente siglo, con sus elecciones del pasado 25 de junio en disputa y un aroma a golpe de Estado que crece minuto a minuto en el ambiente.
El inusitado allanamiento del Tribunal Supremo Electoral, por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), ha abierto el camino aún más a la incertidumbre, con el riesgo de dilapidar por completo el Estado de Derecho, en opinión de varios expertos.
“El país está en una clara situación de golpe de Estado, no hay que usar eufemismos”, aseguró el abogado y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Alejandro Balsells, en declaraciones a medios radiales.
De igual forma, el medio de comunicación La Hora divulgó un editorial en el que recordaba que “la reacción de la población, de los empresarios organizados y de la comunidad internacional ha sido clara y categórica en el rechazo a esta nueva maniobra que constituye un burdo Golpe de Estado”.
El allanamiento contó con fiscales tapándose el rostro con pasamontañas y muchos de los documentos decomisados no fueron inventariados según testigos, además de que extrañamente se permitió la permanencia de medios de comunicación durante varias horas.
En el mismo contexto, el ex superintendente guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa denunció en sus redes sociales que los agentes que realizaron el allanamiento forman parte de la inteligencia del Estado.
A la sede del Tribunal Supremo Electoral se hicieron presentes miembros de la misión de observación de elecciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verificar en primera persona de lo acontecido.
El allanamiento forma parte de una investigación del Ministerio Público (MP, Fiscalía) por supuesta corrupción en contra del partido socialdemócrata Semilla, suspendido por un juez a petición de la entidad, pese a que la agrupación política avanzó al balotaje.
La alarma ha crecido también por la incorporación de vallas y de recurso humano policial y militar en los edificios de entidades estatales como el Ministerio Público o el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.
Las elecciones en disputa
Los comicios del pasado 25 de junio fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como todas las encuestas anunciaban.
Sin embargo, el segundo lugar fue para el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, a quien los sondeos colocaban en séptimo u octavo puesto.
Desde entonces, los miembros de Semilla advirtieron que se vendrían intenciones por detener su candidatura, con la cual no contaba el “Pacto de Corruptos”, como se ha denominado a un grupo de políticos, empresarios, militares y supuestos narcotraficantes que tienen “cooptado al Estado” en opinión de la agrupación.
El 2 de julio, el diputado y la principal cara de Semilla desde su fundación, Samuel Pérez Álvarez, indicó que temían tres posibles escenarios ilegales implementados por parte del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.
“Declarar por decreto a Sandra Torres como presidenta, alargar el proceso indefinidamente para dejar en el poder a Giammattei, o imponer la candidatura de Manuel Conde en segunda vuelta para que solo compitan entre los mismos”, advirtió.
Para ello, el legislador electo dijo que Giammattei podría utilizar al Ministerio Público de la fiscal general, Consuelo Porras, “inventando casos” para que no pueda participar Arévalo de León o “desaparecer” Semilla.
El momento más tenso del siglo
Para Guatemala, políticamente puede ser el momento más tenso del siglo, incluso después de que en 2015 el presidente en aquel momento, Otto Pérez Molina, tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción que lo llevaron directamente del Palacio presidencial a un tribunal.
Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de aquel momento, todos los sectores involucrados están envalentonados.
Por un lado se encuentran los seguidores de Semilla y Arévalo de León, que con más de 600 mil votos obtenidos en los comicios pretenden mantenerse en la segunda vuelta programada para el 20 de agosto en busca de la presidencia.
Como defensores de la democracia también han aparecido la comunidad internacional, organizaciones sociales y la cúpula empresarial, trascendental para el funcionamiento del país centroamericano.
En el otro extremo se encuentra el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en el país centroamericano.
La implicación legal contra Semilla llegó por parte de otro fiscal sancionado por EE.UU., Rafael Curruchiche, jefe de la sección Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quien dirige la investigación contra Semilla.
Curruchiche también comandó la investigación en contra del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022 solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas al círculo íntimo del Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
Precisamente fue el mandatario quien eligió en 2022 a Porras para un segundo período al frente del Ministerio Público y es también el presidente el principal señalado de aliarse con la fiscal para evitar la participación de Semilla, según advierte la agrupación socialdemócrata.
“Estamos en la contienda electoral. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales, por parte de este grupo corrupto”, dijo Arévalo de León hoy en una conferencia de prensa.
“Hemos manifestado nuestra preocupación por el atentado contra la democracia y el orden constitucional que se ha gestado desde la Fiscalía de Rafael Curruchiche y del juzgado séptimo (del Organismo Judicial)”, concluyó el candidato presidencial.
Con información de EFE
