En una reforma legal sin precedentes en Guanajuato, los diputados locales aprobaron por unanimidad modificar el Código Civil estatal para permitir que los padres decidan el orden en que se registrarán los apellidos de sus hijos. Esta medida busca romper con la tradición que obliga a poner primero el apellido paterno y después el materno, otorgando mayor libertad y equidad a las familia.
Hasta ahora, la legislación establecía de forma estricta que el primer apellido del menor debía ser el del padre, seguido del apellido de la madre. Esta norma, heredada de siglos atrás, reflejaba un sistema patriarcal que limitaba la participación igualitaria de ambos padres en la identidad legal de sus hijos.
La reforma aprobada reconoce el derecho humano al nombre y la importancia del apellido como parte fundamental de la identidad personal y familiar. Según los legisladores, permitir que los padres acuerden el orden de los apellidos es una forma de avanzar hacia la igualdad de género y de respetar la dignidad de las personas.
El grupo parlamentario de Morena fue el impulsor de esta iniciativa, argumentando que la preferencia automática por el apellido paterno perpetúa estereotipos y roles tradicionales que vulneran los derechos de las mujeres y la autonomía de las familias.
La nueva norma establece que, en caso de que los padres no logren ponerse de acuerdo sobre el orden de los apellidos, se aplicará la regla tradicional: primero el apellido paterno y después el materno. Sin embargo, el llamado de los legisladores es a fomentar el diálogo y la toma conjunta de decisiones respetando la igualdad.
Esta reforma se suma a un movimiento más amplio en México para garantizar el derecho de las personas a decidir sobre su identidad desde el nacimiento. En mayo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución clave al invalidar disposiciones de la Ley del Registro Civil de Yucatán que restringían la elección del nombre y el orden de apellidos.
Con estos cambios, se busca erradicar normas que, aunque aparentemente administrativas, han servido para reforzar desigualdades y limitaciones basadas en el género y la tradición.
Tras la aprobación unánime por parte del Congreso local, la reforma será remitida al Poder Ejecutivo de Guanajuato para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Una vez publicada, entrará en vigor y las autoridades civiles del estado deberán acatar la nueva regulación.
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