10 NOVIEMBRE 2025-NACIONAL-El conflicto entre el Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) escaló luego de que el consorcio advirtiera que, ante un posible fallo en su contra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), interpondrá una demanda contra la autoridad fiscal por lo que califica como “silencio administrativo doloso”. La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, afirma que la falta de respuesta a sus peticiones constituye una violación a su derecho constitucional de audiencia y defensa.
En un comunicado, el grupo empresarial explicó que “está evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por negarle el derecho de petición”. La declaración se da justo después de que el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazara aplazar la resolución de siete juicios fiscales que involucran a TV Azteca y Elektra, ambas empresas del conglomerado.
Millonarios adeudos fiscales
Los litigios que enfrenta Grupo Salinas no son nuevos. Se trata de al menos ocho casos acumulados en la Corte, de los cuales cinco corresponden a Elektra y dos a TV Azteca. Las autoridades hacendarias estiman que el monto total de los adeudos asciende a 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, cifra que incluye multas, recargos y actualizaciones. Parte de estas obligaciones fiscales datan de 2008, aunque los primeros señalamientos surgieron incluso una década antes.
El grupo empresarial, que prevé un resultado desfavorable en la SCJN, insiste en que no se le han brindado las garantías de audiencia necesarias. Según su postura, el SAT no ha respondido de forma oportuna a las solicitudes para “ajustar” los montos reclamados, lo que —a su juicio— justifica una nueva acción legal en defensa de sus derechos. Sin embargo, las autoridades fiscales sostienen que la empresa ha prolongado los procesos judiciales durante casi 17 años, con múltiples recursos e impugnaciones.
En su comunicado, Grupo Salinas aseguró que, de concretarse el fallo adverso, llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que las resoluciones del máximo tribunal mexicano “no son definitivas”. Asimismo, el conglomerado reiteró su disposición a cubrir los impuestos que le correspondan, aunque mantiene diferencias con la autoridad sobre el cálculo total, el cual el SAT ha estimado en 74 mil millones de pesos.
De confirmarse el fallo en contra, el resultado reforzaría la posición del gobierno federal en su estrategia de cobro a grandes contribuyentes, impulsada desde 2019 como parte de una política de justicia fiscal. A la vez, el proceso plantea desafíos en materia de certeza jurídica y equilibrio institucional, al enfrentar el poder económico de un conglomerado con la autoridad tributaria más importante del país.
El conflicto también pone sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia en los acuerdos fiscales y en la actuación del sistema judicial. Expertos en derecho tributario advierten que, más allá del resultado inmediato, el caso evidencia un problema estructural: la desigual aplicación de la ley entre grandes empresas y pequeños contribuyentes, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de conciliación y cumplimiento oportuno.
En última instancia, el desenlace del caso Grupo Salinas vs. SAT tendrá implicaciones no solo económicas, sino también políticas y sociales. Un fallo firme en favor del Estado podría enviar una señal de que la evasión fiscal no será tolerada sin importar el tamaño o la influencia del actor involucrado. Por el contrario, si la empresa logra llevar el asunto a instancias internacionales, México podría verse obligado a revisar su marco de garantías procesales, abriendo una discusión más amplia sobre los límites del poder fiscal y la protección de los derechos empresariales.
