La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha logrado un importante avance en su lucha contra la violencia familiar, obteniendo la vinculación a proceso de 12 personas por este delito. La institución también ha procesado a una persona por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y ha cumplido con dos órdenes de aprehensión relacionadas con la violencia familiar. Este conjunto de acciones demuestra el compromiso de las autoridades con la protección de las víctimas y la aplicación de la ley en todo el estado.
Entre los casos más destacados, en Playa del Carmen, Diego José «N» fue imputado por violencia familiar tras amenazar a su pareja y a su hija con un arma blanca en su domicilio. En el mismo municipio, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Julio César «N» por agredir físicamente a su expareja. Otro caso en Benito Juárez involucra a Manuel Antonio «N», quien fue detenido por la policía mientras jalaba del cabello a una mujer que pedía ayuda. Estos eventos subrayan la gravedad de la situación y la respuesta inmediata de las autoridades ante las denuncias.
Acciones contundentes contra la violencia familiar
En Othón P. Blanco, la Fiscalía logró la vinculación a proceso de Daniel Roberto «N», Carlos «N», Isaías «N» y Carlos Alfonso «N», todos ellos por casos de violencia familiar. A esta lista se suma Lucía «N», quien fue procesada por someter a un menor de edad a actos de dominio y control. En José María Morelos, Rolando «N» fue vinculado a proceso por agredir física y verbalmente a una víctima, mientras que Oyuki Beatriz «N» también fue procesada por violencia en perjuicio de su hijo adolescente. La diversidad de casos y municipios demuestra que la Fiscalía está actuando en todo el estado para combatir este delito.
Además de los casos de agresión física y psicológica, la Fiscalía también aborda el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Edwin Gamaliel «N» fue imputado por adeudar más de 92 mil pesos en manutención a sus tres hijos menores de edad. Este tipo de delito, aunque no siempre se percibe como violencia familiar, afecta de manera significativa el bienestar y desarrollo de los menores, demostrando el enfoque integral de la Fiscalía para proteger los derechos de la infancia y las familias.
La mayoría de los imputados, incluidos Carlos «N», David «N», Saúl Isaac «N» y Manuel Antonio «N», quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso judicial. Esta medida es crucial para garantizar que los presuntos agresores no se sustraigan de la justicia ni representen un riesgo para las víctimas o la sociedad. La rápida acción judicial es un factor disuasorio importante y envía un mensaje contundente de que estos delitos no quedarán impunes en Quintana Roo.
La violencia familiar es un problema complejo que a menudo se mantiene en secreto, y los casos que llegan a la justicia son solo una fracción de los que ocurren. Un valor agregado a la nota es la mención de que existen canales de denuncia y apoyo para las víctimas. Las autoridades no solo se limitan a la persecución de los agresores, sino que también ofrecen servicios de asistencia psicológica, médica y legal para las personas afectadas. Las víctimas de violencia familiar pueden llamar a líneas de ayuda o acudir a centros de atención especializados que les ofrecen un refugio seguro y un plan de acción para salir de la situación de riesgo. La FGE invita a la población a denunciar estos delitos, pues es el primer paso para proteger a las familias y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley. Esta denuncia temprana es vital para romper el ciclo de violencia y prevenir futuros daños.
