El gobierno federal prepara una nueva estrategia para combatir delitos como la extorsión telefónica y el secuestro virtual mediante el registro obligatorio de líneas celulares en el país. La medida busca reducir el anonimato con el que operan bandas criminales que utilizan teléfonos móviles para intimidar y engañar a miles de víctimas cada año.
De acuerdo con autoridades federales, el objetivo es que cada número telefónico esté vinculado a una identidad verificable, lo que permitiría rastrear con mayor rapidez a quienes realizan llamadas delictivas. Esta medida también facilitaría el bloqueo de líneas utilizadas para cometer delitos y dificultaría que los criminales continúen operando con chips desechables o registrados con datos falsos.
El diagnóstico del gobierno señala que la telefonía móvil se ha convertido en una de las principales herramientas para cometer extorsión a distancia. Investigaciones oficiales indican que al menos 12 centros penitenciarios concentran más de la mitad de las líneas telefónicas relacionadas con este tipo de delitos, lo que revela que muchas de estas operaciones se coordinan desde cárceles.
El secuestro virtual es una de las modalidades más comunes. En este esquema, los delincuentes llaman a la víctima y la convencen de que un familiar ha sido secuestrado o que su vida corre peligro, con el fin de exigir transferencias de dinero inmediatas. Aunque no existe una privación real de la libertad, el engaño psicológico provoca que muchas personas paguen rescates falsos.
Las autoridades también han detectado que muchas de estas llamadas se realizan desde hoteles, casas de seguridad o centros penitenciarios, donde los criminales utilizan múltiples tarjetas SIM para evitar ser identificados. Solo hasta finales de 2025 se habían identificado alrededor de 2 mil 500 líneas telefónicas vinculadas con intentos de extorsión, aunque solo una parte logró ser bloqueada.
