4 de Octubre del 2025.- El Gobierno de México ha fijado una postura clara y respetuosa ante la reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República, subrayando que no respalda ninguna legislación que vaya en contra de los principios de la Constitución. La administración federal, a través de sus voceros, ha enfatizado que su compromiso fundamental es con el Estado de derecho, asegurando que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de los ciudadanos, un pilar garantizado por el Artículo 14 de la Carta Magna. Esta declaración busca disipar la incertidumbre y el debate generados en la opinión pública y en los círculos legales.
Durante la conferencia matutina «Las mañaneras del pueblo», la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cedió la palabra a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, para que explicara detalladamente la posición del Ejecutivo. La intención fue abordar directamente la controversia surgida en medios de comunicación y redes sociales, ofreciendo una explicación técnica y política sobre el alcance de la reforma. La intervención de Zaldívar, exministro presidente de la Corte, tuvo como objetivo tranquilizar a la población y a los especialistas, afirmando que el gobierno es el primer interesado en proteger la seguridad jurídica de todos los mexicanos.
Sugerencia Respetuosa al Poder Legislativo
En un gesto de diálogo institucional entre los Poderes de la Unión, Arturo Zaldívar sugirió de manera formal y respetuosa a las y los legisladores que se clarifique el Artículo Primero Transitorio del proyecto de decreto. La propuesta busca eliminar cualquier ambigüedad que pudiera dar pie a una interpretación de retroactividad. Zaldívar puntualizó que la Presidenta ha sido muy enfática en que este gobierno no impulsa ni avala actos contrarios a la Constitución, reforzando la idea de que la colaboración y la comunicación entre poderes son esenciales para perfeccionar el marco legal del país y evitar futuras disputas judiciales que podrían afectar los derechos de las personas.
Para el ciudadano común, el juicio de amparo representa la herramienta de defensa más importante contra posibles abusos de autoridad o actos que violen sus derechos humanos fundamentales. Funciona como un escudo protector que permite a cualquier persona solicitar a un juez que revise la constitucionalidad de una ley o la actuación de una entidad gubernamental. Por esta razón, cualquier modificación a esta ley es de suma importancia, ya que impacta directamente en la capacidad de la sociedad para salvaguardar sus libertades y garantizar que el poder público actúe siempre dentro del marco de la legalidad y la justicia.
Propuestas Clave para la Clarificación de la Ley
Con el fin de dotar de certeza jurídica al decreto, Zaldívar propuso tres adecuaciones concretas y pedagógicas. Primero, establecer explícitamente que la Ley de Amparo es una ley de naturaleza procesal, para que la ciudadanía comprenda su funcionamiento. Segundo, y de manera crucial, prever con total claridad que las etapas de un juicio ya concluidas generan derechos adquiridos para las partes, los cuales deben regirse por las normas que estaban vigentes en ese momento. Esto significa que lo ya juzgado y resuelto no puede ser alterado por una nueva normativa, protegiendo así las decisiones judiciales previas.
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